La sala de gobierno del alto tribunal ha tomado conocimiento del informe elaborado por los jueces del partido judicial arenense y ha instado al departamento de Juan Carlos Campo a que "adopte las medidas oportunas para dotar de seguridad el edificio judicial cuya custodia tiene encomendada", con el objetivo de proteger tanto a "las personas que trabajan" en estas instalaciones, como a "los ciudadanos que allí acuden".

Y ello, teniendo en cuenta que la "falta de medios de seguridad adecuados" han hecho que "en los últimos meses" se hayan producido "altercados en la sala de vistas y aledaños del juzgado".

Según el informe del juez decano, en este edificio situado junto al Castillo del Condestable Dávalos, se producen "episodios cada vez más frecuentes y violentos, que revelan una situación de peligrosidad, que no puede estar justificada por ninguna causa".

Grave quebranto

Dicho informe señala que hechos de estas características "ocasionan un grave quebranto en el ejercicio de la función jurisdiccional, con afectación de la seguridad de todo el personal de la Administración de Justicia, así como de los usuarios del servicio público".

Además, considera que esta situación "puede agravarse por las inminentes obras a realizar en la sede judicial", ya que esos trabajos supondrán la existencia de "dos accesos diferentes" y "solo está asignado un único vigilante de seguridad". De ahí que considere que esta situación puede provocar que una zona de las dependencias judiciales "no quede suficientemente protegida".

El TSJCyL sostiene que este tipo de hechos también afectan a "muchas de las sedes de los partidos judiciales de las áreas rurales de Castilla y León", de ahí que la sala de obierno del alto tribunal haya estudiado "distintos expedientes gubernativos por alteraciones del orden público en sedes judiciales".

Ejemplos

Ha puesto como ejemplo los expedientes sobre "carencias de protección e incidentes graves" en el Juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora) en febrero de 2013 y 2020; en el de Briviesca (Burgos) octubre de 2015 y 2019, y en el Juzgado de Villablino (León) febrero del año 2018.

En todos ellos, ha recordado el TSJCyL, se instaba al Ministerio de Justicia, a través de su Gerencia Territorial, a que "tomase conocimiento del evidente riesgo que se le mostraba y adoptase las medidas oportunas".

La petición respondía a la necesidad de "evitar que se produjesen hechos de trágicas consecuencias", como ocurrió el pasado 1 de diciembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva, cuya juez, la abulense Sonsoles Sanchidrián, fue agredida.