El presidente de la patronal, Juan Saborido, ha afirmado que Martín “tiene que dimitir urgentemente”, porque el viceconsejero tiene vinculación con Avilagro, ya que esta entidad empresarial fue creada por la asesoría Addit, de la que el viceconsejero era el responsable, siendo esta empresa la primera firmante del acta fundacional.

“Yo no digo que tenga que ver, lo dice él, que es socio director”, se ha referido Saborido a un tuit publicado por Martín en 2018 cuando impartía una actividad para Avilagro. Ante esta “falta de transparencia”, patronal y sindicatos han exigido la intervención de la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo; del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea: y del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “Alguien de la Junta tiene que poner pie en pared y tomar cartas en el asunto”, ha instado.

Saborido ha lamentado que la propia consejera, que está “en brazos de una asociación”, hiciera retuit a una publicación de la presidenta de Avilagro, Isabel López Resina, en la que criticaba a los agentes sociales por censurar la subvención.

También los agentes sociales han presentado un recurso administrativo contra la concesión de la subvención, “sin concurrencia competitiva”, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta en diciembre, pero si no es aceptado, como el viceconsejero afirmó que iba a ser siendo “juez y parte”, recurrirán a los tribunales, además de instar a Avilagro a “devolver los 500.000 euros, que no se han entregado de forma legal”. También han acudido al Comisiones de Transparencia y mantendrán reuniones con “portavoces de la Junta” para que conozcan “la tropelía que está ocurriendo en Ávila”.

Muy peligrosas

“Un político no debe nunca direccionar nunca subvenciones directas a empresas propias o donde ellos han podido tener una relación”, ha añadido Saborido, quien ha calificado las subvenciones directas como “muy peligrosas”. Y ha dicho que si bien se ha concedido medio millón para 2021, la plataforma logística contará en total con dos millones de euros en los proximos años.

Los agentes sociales, que consideran que se les ha hurtado información en el grupo de trabajo del Plan Territorial de Fomento por parte del director general de Industria, Alberto Burgos, han  explicado que a hora de crear la plataforma logística alimentaria se pensó que lo desarrollase una entidad pública. Tras desestimarlo el Ayuntamiento de la capital por falta de medios, luego se pensó en la Diputación. 

Según han explicado, los informes de la Intervención de la institución provincial ponían en duda que fuera una organización sin concurrencia competitiva, como Avilagro, la que llevase a cabo el proyecto. A diferencia de la Diputación, que sí presentó un proyecto para la plataforma, la de Avilagro no se conoce, según el presidente de los empresarios.

Gestión púiblica

La propuesta de la mesa de trabajo decía que “si el Ayuntamiento no lo pudiera gestionar, le dábamos un tiempo para resolverlo”, mientras que la Diputación “ya había presentado previamente un documento en el que daba garantías jurídicas y técnicas para poder desarrollarlo como está haciendo en otros ejes del Plan Territorial de Fomento”, ha explicado el secretario provincial de CCOO, Óscar García Barroso. “Por lo que sí había oportunidad y posibilidad para que la plataforma agroalimentaria fuera gestionada con las garantías que a nosotros nos da el hacerlo desde un espacio público”, ha asegurado.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Javier García Herández, cree que este caso es “un ataque más al Diálogo Social”, porque “parece que es parte de una estrategia para dinamitar el Diálogo Social”. “Ni somos los tontos útiles ni somos convidados de piedra, ni en el Diálogo Social ni en el Programa Territorial de Fomento, del cual no somos seguidores sino conseguidores”, porque “todo el mundo participa en él gracias a que los agentes del Diálogo Social también están en el plan”.