Del Domingo, 14 de Septiembre de 2025 al Miércoles, 17 de Septiembre de 2025

El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado solicitar la creación de una cuarta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, tras 120 años con la misma plantilla orgánica.
La iniciativa ha sido planteada de manera conjunta por los cuatro grupos con representación en el Consistorio: Por Ávila; Partido Popular; Partido Socialista y ciudadanos. El Ayuntamiento se ha sumado, de esta manera, a la reivindicación expresada por el presidente de la Audiencia Provincial, Javier Encinar, así como por el Tribunal Superior de Justicia de Casitlla y León (TSJCyL), que durante el último cuarto de siglo viene planteando esta misma demanda.
Esta petición será remitida al alto tribunal de la Comunidad, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, con el objetivo de "acomodar la carga de trabajo y agilizar el servicio a la ciudadanía", ya que la Audiencia Provincial de Ávila tuvo un rendimiento del 119% en el año 2018; del 193% en 2019 y del 200% en el primer semestre de del año pasado.
Estas cifras, señalan los cuatro grupos, atendiendo a los datos aportados por la Audiencia, demuestran que la situación "no es meramente coyuntural, sino estructural", lo que hace prever que "se agravará con el paso del tiempo".
En este sentido, apuntan que el incremento de la carga de trabajo "no es solo cuantitativo, sino también cualitativo", ya que, además del "aumento de asuntos, se advierte una tendencia al aumento de la complejidad de los mismos". Para evitar "un incremento insoportable de la pendencia", se demanda esta cuarta plaza de magistrado "dado el carácter estructural de la situación".
Castigo a los políticos
Junto a esta moción presentada de manera conjunta, el pleno ha aprobado también, por unanimidad, aunque no sin debate político, las dos proposiciones presentadas por Ciudadanos.
La primera de ellas, para reconocer el papel de la mujer en la pandemia por Covid-19 y la segunda, para asumir el compromiso ético de pedir la dimisión de cualesquiera de los cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las personas que realmente necesitan con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles.
En el debate de esta última, la portavoz socialista, Yolanda Vázquez, a recordado a Cs que las cifras de vacunación aportadas estaba "desfasada" y que la "culpa" del retraso en la llegada de vacunas "no es del Gobierno". Además, ha echado en falta que la proposición no hiciera referencia a la gestión de la Junta. Además, ha indicado que su formación ha expulsado a quienes han tenido esos comportamientos, a la vez que ha indicado que los mismos, no solo se han producido entre políticos. Al respecto, ha recordado que que también se han saltado el turino miembros del clero o de la judicatura, entre otros.
En esta línea, la portavoz del PP, Sonsoles Sánchez-Reyes, además de condenar "sin paliativos" este tipo de conductas, ha destacado que "la inmensa mayoría" de los políticos "están respetando escrupulosamente los turnos" y son "justos y honrados". Por ello, ha lamentado que la moción haga un "flaco favor a la política" al "meter a todos en el mismo caso", de ahí que haya realizado una propuesta transaccional que ha sido rechazada por Cs. En la misma, el PP proponía que el Ayuntamiento suspendiera su colaboración durante 24 meses con aquellas entidades en las que se demostrase un comportamiento de este tipo. "El Ayuntamiento debe ser consecuente", ha dicho Sánchez-Reyes.
En su respuesta, el portavoz municipal de Ciudadanos, Carlos López, ha criticado esta propuesta por considerarla "alegal o ilegal". "Quieren un titular y no lo van a tener", ha dicho López, antes de rechazar la transaccional del PP.
El portavo de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha señalado que "la política es un reflejo de la sociedad", para después reivindicar mejoras en una campaña de vacunación en la que ha puesto "deberes" tanto al Gobierno central, como a la Junta de Castilla y León.
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