Para esta organización agraria, esta decisión supone "un respiro para la actividad profesional de los ganaderos en zonas especialmente desfavorecidas y despobladas", de aí que haya valorado "positivamente" la publicación de dicha prórroga en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

En este sentido, UPA considera que este paso "evitará el cierre de muchas explotaciones ganaderas que veían peligrar su actividad" de no haber adoptado esta decisión, planteada por UPA en los últimos años. 

Ante la "controversia" sobre la legalización de las granjas que se mantenía desde hace tiempo, esta organización agraria inició hace meses "negociaciones y reuniones" para "sacar adelante una normativa que regularizara esta situación y no perjudicara la actividad ganadera".

Al respecto, UPA ha defendido que los profesionales "cumplieran en la práctica con todos los requisitos medioambientales" y que, para ello, la Administración "sacara una norma temporal", con el objetivo de "no perjudicar a los productores con más edad", a los que "les quede poco tiempo hasta su jubilación".

En este sentido, UPA ha asegurado haber sido la organización agraria que "más ha trabajado" en Castilla y León para que "quedara regularizada una situación que, por fin, queda resuelta hasta el 31 de diciembre de 2036".