Según Confae, UGT y CCOO, todos los procedimientos y adjudicaciones del Diálogo Social y del Plan de Fomento se adoptan por unanimidad, siendo la concesión de una subvención directa “algo excepcional, que debe justificarse en la existencia de razones de interés público, económico o humanitario u otras que dificulten la convocatoria pública”, que en este caso “no han concurrido ni se han justificado”.

Aseguran que “no cuenta con una argumentación adecuada, ya que no incluye la justificación de la imposibilidad de promover concurrencia competitiva”.

En el Grupo de Trabajo Específico para Ávila y su entorno, creado en el seno de la Fundación Anclaje, no ha habido el consenso suficiente sobre el correcto proceder en las adjudicaciones, razón por la que se han presentado dos impugnaciones. Una de ellas a través de un recurso que “se interpone en tiempo y forma, ya que hasta el día 8 de este mes, febrero, no se tuvo conocimiento por los miembros de dicha fundación de la aprobación de la orden en que se trata de soportar la adjudicación directa”.

También han presentado una denuncia ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, por considerar que “no se ha cumplido el requisito de publicidad activa a que tienen que someterse órdenes de estas características”.

Confae, UGT y CCOO quieren que la Junta reconsidere y revierta la decisión, y que la adjudicación se lleve a cabo por procedimientos adecuados siguiendo criterios de derecho público y respetando los ámbitos de decisión de la Fundación Anclaje.