La sentencia, que es firme, ha sido hecha pública por la empresa Geslive, que presta servicios profesionales "apoyando a los obtentores" de nuevas variedades vegetales en "la gestión, protección, asistencia técnica y asesoramiento en defensa de los derechos de propiedad industrial de más de 1,500 variedades vegetales y de 100 marcas registradas"

El pronunciamiento judicial se ha producido a raíz de las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre "diferentes agricultores y entidades acondicionadoras de grano de la provincia".

La agricultora ha sido condenada a seis meses de prisión y al pago de indemnización por "los daños y perjuicios causados". Igualmente, ha sido inhabilitada para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a pagar la mitad de las costas procesales comunes.

Actividad regulada

La empresa Geslive señala que la producción y comercio de semillas y plantas es una actividad "regulada y sujeta a autorización y control administrativo, que debe situarse dentro de un sistema de certificación reconocido", por lo que el comercio fuera del sistema de certificación se considera "ilegal".

En este sentido, aclara que los agricultores que quieran abastecerse de semillas, disponen de "dos vías legales" para poder hacerlo: por una parte, la semilla certificada adquirida en el mercado, y por otra, el "reempleo de granos para siembra producidos por sí mismos". 

Geslive apunta que el desarrollo de nuevas variedades "solo es posible con una inversión continua en los programas de investigación", a la vez que se apunta que "para sostener los programas de mejora y el desarrollo de variedades es vital proteger los resultados de los trabajos de los obtentores y respetar sus derechos de propiedad industrial". "El único material de reproducción y multiplicación que puede ser objeto de comercialización es la semilla certificada", según la compañía.