En el pasado Consejo de Gobierno del 4 de febrero, la Junta de Castilla y León aprobó el proyecto de la que será su nueva Ley de Caza para todo el territorio regional y que se llamará “de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León”, dando así por finalizada esa fase del trámite y propiciando que llegue ahora a las Cortes de Castilla y León.

Al respecto de su contenido concreto, los celadores de Medio Ambiente de Castilla y León han manifestado su malestar e indignación públicamente contra el redactado del articulo 80, relativo a los agentes de vigilancia e inspección, donde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a la que pertenecen como empleados públicos y que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones. que es la que ha redactado esta futura ley, les va a degradar sobre su estatus legal actual, pues pretenden retirarles su condición de agentes de la autoridad con la aprobación de esta norma. y dejarles rebajados a simples auxiliares de la Autoridad, una condición que nunca antes en más de 50 años de su existencia han tenido.

Los celadores de Medio Ambiente en la actualidad tienen la condición de agentes de la autoridad, tal y como se recoge específicamente en las tres normas autonómicas capitales del medio natural de la Comunidad autónoma, que son: la Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León, la Ley 9/2013 de Pesca de Castilla y León y la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León y, en consecuencia, de estar así reseñados son respetados y están protegidos en su defensa judicial ante los infractores, por ello no entienden que ahora la consejería a la que pertenecen, presente una norma modernizadora de la caza y se les retire y merme su capacidad de actuación, además de dejarles desprotegidos y ninguneados en una materia en la que trabajan plenamente como especialistas por mandato de la Administración como es la de la caza.

Esta nueva e incomprensible situación, que todavía se puede enmendar en sede parlamentaria, si quedase tal cual como la ha aprobado el Consejo de Gobierno compuesto por los consejeros del PP y de Ciudadanos, solo favorecerá a los infractores, y en especial a los furtivos de la fauna cinegética, con los que con frecuencia se tienen que enfrentar y, en consecuencia, denunciar. Los celadores 

Los celadores apelamos a la sensatez política para que todos los partidos de las Cortes les respalden y rectifiquen un texto desafortunado, pues de no ser así podría entenderse que la Junta y las Cortes les desautorizan y marginan, entregándoles a quienes no cumplen con las normas y desprecian la fauna de los castellanos y leoneses.

La Junta de Castilla y León cataloga a los celadores de Medio Ambiente como los trabajadores que se encargan de la vigilancia y custodia de la flora y fauna en terrenos cinegéticos en régimen especial, espacios naturales y aguas continentales, que tienen como misión denunciar las infracciones cometidas en los mismos, y bajo la dirección técnica correspondiente desarrollan las actividades propias del plan de gestión establecido. Los requisitos para ingresar como empleados públicos es el de poseer el título de Técnico Superior en Gestión Forestal o equivalente y aprobar la oposición especifica.

Cuestionamiento del CES

En su vigésima observación general del informe de 103 páginas que realizó el Consejo Económico y Social (CES) a finales del pasado año, a lo que entonces era el anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, se recoge en relación a ese artículo 80 y a los auxiliares de la autoridad  “que nada se establece respecto de tales”. Añade el CES que considera imprescindible aclaración respecto a las consecuencias derivadas de la condición de “agentes auxiliares de autoridad” máxime cuando consideran que no es un concepto asentado doctrinal o socialmente. 

En ese informe tan completo que se eleva desde el Consejo Económico y Social a petición de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente también se habla de combatir la caza furtiva y apoyar su lucha como Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuestión que ahora  para los celadores de Medio Ambiente es muy difícil entender, pues la Junta de Castilla y León con esta ley les tira por tierra todo el buen trabajo de años y su expuesta labor contra el furtivismo imperante y que por desgracia cada día cobra más virulencia de forma organizada.