Los procuradores del PSOE Miguel Hernández y Soraya Blázquezhan manifestado que la Junta está obligada a publicar “de inmediato” los términos del convenio suscrito para la realización del “fiasco” de cribado masivo previsto para empresarios y trabajadores de Ávila, y “el motivo por el se ha favorecido” a la patronal abulense.

Presentarán una iniciativa parlamentaria en las Cortes para que Junta ofrezca explicaciones acerca de las razones por las que se ha permitido “favorecer a los asociados de una determinada organización empresarial”, cuando la propia Junta aseguró que estas pruebas estaban “abiertas a la totalidad de trabajadores y empresarios abulenses”, bastando para ello con solicitar previamente cita a través de la  página web del Plan Sumamos.

Desde su punto de vista, la Junta ha hecho el “ridículo” ofreciendo a un sector de la población abulense la posibilidad de someterse a test de antígenos “cuando tal posibilidad era ficticia, no puede quedar en una mera anécdota y merece las aclaraciones oportunas para conocer si la Junta realizó el anuncio sabiendo que horas antes ya se había agotado el cupo de pruebas previstas”.

Negocio

Los parlamentarios consideran que la Junta vuelve a dar muestras de que “entiende la sanidad como un negocio porque en su mano estaba evitar la polémica que se ha producido, pero ha preferido no hacerlo”.

Se preguntan por el coste del cribado y la parte que financia la Junta, así como los motivos por los que la plataforma de inscripciones estaba habilitada antes de que se anunciara públicamente la convocatoria.

También quieren que la Junta pida disculpas a la ciudadanía y organice “un nuevo cribado en igualdad de oportunidades para los autónomos y trabajadores interesados y que no esté condicionado a la situación epidemiológica, como insinuó el viceconsejero de Empleo, David Martín”.