Será una segunda residencia, mientras que la actual cuenta con menos residentes de los que pudoi acoger hace años al no encontrarse adaptada a las necesidades de los dependientes.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado 166 proyectos de inversión en las nueve provincias, centrados en la mejora de la atención a los más vulnerables, que tienen como objetivo último avanzar en la modernización de los servicios sociales y consolidar el sistema de Dependencia 5.0 en Castilla y León.

Estas iniciativas se financiarán con los 150,74 millones de euros asignados a la Comunidad para el periodo 2021-2023 por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,  con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea. Esta cantidad representa el 5,73 % del total del presupuesto destinado a las autonomías en el reparto inicial.

La consejera ha indicado que parte de los proyectos financiados con los fondos correspondientes a las comunidades se desarrollarán en colaboración con las entidades locales, a las que se les dará una mayor participación en Castilla y León. La Consejería de Familia ha incrementado hasta el 20% la cuantía inicial del 15% que había reservado el ministerio para ayuntamientos y diputaciones, que gestionarán 30,15 millones de euros. De la misma manera, se realizarán proyectos en cooperación con el tercer sector por un importe de 15,7 millones de euros durante los próximos tres años.

Según la consejera, “Castilla y León aprovechará los fondos europeos para acelerar la transformación tecnológica de sus servicios sociales, de manera que todas las inversiones que se ejecuten en modernizar infraestructuras, en innovar sobre procesos y equipamientos o en digitalizar trámites tendrán como finalidad prestar una atención más individualizada y cercana, a la carta de las personas más necesitadas, y universal en el amplio territorio autonómico”.

La inversión de los 150,74 millones de euros previstos para los próximos tres años se distribuirá en los tres grandes ejes de actuación que ha establecido el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el conjunto del país, conforme a los criterios fijados por la Unión Europea: el ‘Plan de apoyos y cuidados de larga duración’ –al que la Comunidad destinará 95,18 millones de euros con un total de 46 proyectos; el ‘Plan de modernización de los servicios sociales’ –con 63 proyectos por importe de 37,14 millones de euros–, y ‘España país accesible’ –que incorpora 57 proyectos, que ascienden a 18,42 millones de euros–.

A la financiación anteriormente señalada hay que sumar las inversiones propias que ejecutará la Consejería de Familia con fondos autónomos, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad, y donde se priorizará también la modernización de los servicios sociales.

Cuidados de larga duración
El primero de los bloques hace referencia a los cuidados de larga duración, donde se incluyen proyectos en centros propios de la Administración autonómica, que implicarán una redefinición sustancial de los actuales modelos de atención a mayores, dependientes y menores, ya sea en una residencia o en su propio domicilio.

Las inversiones programadas en este apartado, una parte de ellas financiadas con presupuesto propio de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se elevan a 17,25 millones de euros en Ávila; 6,02 millones en Burgos; 8,98 millones de euros en León; 4,4 millones en Palencia; 19,21 millones de euros en Salamanca; 13,29 millones en Segovia; 4 millones en Soria; 7,82 millones de euros en Valladolid, y 16,33 millones en Zamora.

Nuevo modelo de atención residencial
La transformación estratégica de la política social de Castilla y León tendrá uno de sus reflejos en un nuevo modelo residencial, que busca que los mayores que no puedan continuar en su hogar y deban trasladarse a un centro para recibir cuidados se sientan en él como en su propia casa.

A este planteamiento, que tiene sus antecedentes en el proyecto ‘en Mi casa’, responden las unidades de convivencia. Este renovado modelo de cuidados de larga duración se plasmará en una futura ley autonómica de atención residencial.

Para hacerlo efectivo, la Consejería de Familia proyecta la construcción de dos nuevas residencias en Ávila y en Zamora, por un importe de 16,32 millones de euros para cada centro, y obras de mejora y de remodelación para implantar unidades de convivencia en centros de Burgos (4,33 millones de euros); León (4,4 millones de euros); Palencia (3,4 millones de euros); Segovia (13,3 millones de euros); Soria (un millón de euros) y Valladolid (4,08 millones de euros).

Avanzará con fondos autónomos en otros proyectos, entre ellos la nueva residencia que ya se está edificando en Salamanca –en la que se invertirán 15,21 millones de euros– o la futura Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de León –un centro donde se prestarán servicios de valoración de discapacidad y dependencia, gestión de recursos y atención temprana, al que se destinarán 3,5 millones de euros–.

Junto a esto, se continuará con la ampliación de plazas de convalecencia y la reconversión de plazas públicas residenciales de personas válidas en otras para dependientes.

Atención a la infancia
También se ha incluido en la relación de proyectos financiables con fondos europeos la modernización de infraestructuras y la mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado, en particular, para menores no acompañados o con necesidades especiales.

En este apartado, cabe destacar la construcción de un nuevo centro de protección de menores en Salamanca, con una inversión de 3,5 millones de euros, y las obras de remodelación programadas en tres centros de Valladolid (por valor de 3,73 millones) y en uno de Burgos (por importe de 1,68 millones de euros).

Bloque II. Modernización de Servicios Sociales
El segundo eje de actuación para la inversión de fondos europeos presenta como gran reto acelerar el proceso de transformación tecnológica de los servicios sociales para optimizar su calidad y su eficacia. La apuesta de Castilla y León aquí es consolidar el nuevo sistema de atención a la Dependencia 5.0, para lo que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presupuestado 26,35 millones de euros en diversos proyectos.

La Junta se volcará especialmente en mejorar la atención de las personas dependientes que residen en sus casas aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y aplicando su experiencia en la innovación social.

Dispositivos para la teleasistencia avanzada
En este apartado encaja la iniciativa, ya en marcha, para extender a todo el territorio la teleasistencia avanzada, que desde el 1 de enero es gratuita y está gestionada por la Gerencia de Servicios Sociales. Esta nueva prestación se sustenta en una innovadora plataforma que integra la atención social y sanitaria, y garantiza a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y de seguimiento de la atención que reciben,

Para su implementación está prevista la adquisición y gestión de un conjunto de dispositivos de detección de fuego y humo, de gas y monóxido de carbono, de fuga de agua, de situaciones de riesgo y emergencia fuera del domicilio (por ejemplo, para la geolocalización del usuario o su auxilio mediante dispositivos móviles), o para la dispensación controlada de medicación.

Innovación aplicada a los equipamientos del hogar
También bajo este segundo epígrafe se engloban proyectos innovadores basados en la aplicación de tecnologías a los equipamientos del hogar para favorecer la promoción del envejecimiento activo y de la vida independiente. Es el caso del andador inteligente –capaz de acercarse de forma autónoma a la posición del usuario para evitar caídas– o del inodoro asistido –que ofrece ayudas técnicas a personas con dificultades de movilidad o equilibrio–. En enero del pasado año la Junta contribuyó a financiar el desarrollo de estas dos soluciones sociosanitarias en el marco del proyecto ‘Procura’ –dentro del Programa Interreg de Cooperación Transfronteriza de la Unión Europea–, y ahora las adquirirá e incorporará a su mapa de recursos públicos.

Otros ejemplos de desarrollos tecnológicos en la misma línea son las cabinas de ducha que prestan apoyo en las tareas de higiene o las camas asistidas, que ayudan a la persona a levantarse y acostarse.

En el listado remitido a Bruselas figura un proyecto para la domotización de hogares de personas con discapacidad. La aplicación de tecnologías permitirá ‘humanizar’ viviendas y crear espacios polifuncionales y flexibles, lo que ayudará a sus residentes a realizar sus actividades cotidianas con un alto grado de autonomía.

Robots para el apoyo a los cuidados
En este segundo bloque se ha incluido el proyecto de ecosistemas de inteligencia ambiental para el apoyo a los cuidados de larga duración. El objetivo es crear espacios físicos en el hogar y en los entornos residenciales conformados por robots inteligentes que interactúan de tres formas. Primero, con dispositivos técnicos que asisten a las personas dependientes o a sus cuidadores en actividades sencillas del día a día. Segundo, con el sistema de teleasistencia avanzada, de manera que estas máquinas puedan monitorizar las tareas del usuario y emitir una alerta en el caso de que precise atención.

Y, en tercer lugar, los robots sociales pueden ser uhn aliado fundamental para cubrir las limitaciones tecnológicas de las personas con necesidades de apoyo, que pueden ayudarles a comunicarse con sus familiares, participar en juegos grupales y en red, o motivarles a practicar ejercicio físico y mental.  

Digitalización de trámites
Se avanzará en la digitalización de procedimientos que permitan culminar el desarrollo de la historia social, simplificar y agilizar los tiempos de tramitación, progresar hacia una administración sin papeles y más cercana al ciudadano, y abrir nuevos canales para el acceso y la prestación de servicios.

Y se potenciará el papel protagonista que juegan las nuevas tecnologías en la integración social de los más vulnerables, para lo que se desarrollará, entre otras, una aplicación móvil que facilite la conectividad en red de las personas mayores.

Bloque III. Accesibilidad
El tercer eje de actuación se enfocará a las mejoras en accesibilidad en el concepto más universal del término. Esto implica garantizar el acceso a la propia administración desde un punto de vista físico –mediante la eliminación de barreras arquitectónicas–, pero también a sus servicios.

Dado que la Junta va a avanzar hacia un modelo de administración sin papeles, es imprescindible asegurar la interlocución con los ciudadanos por canales digitales. Por eso, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades invertirá fondos europeos en suprimir los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad sensorial cuando tratan de utilizar un dispositivo electrónico o de acceder a una página web para solicitar una prestación o un servicio.

Las mejoras en accesibilidad abarcan también el ámbito educativo y el de transporte, fomentando el uso de vehículos adaptados a personas con discapacidad.

Entidades locales y el tercer sector
La Consejería de Familia destinará el 20% de la financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea a las corporaciones locales para que puedan desarrollar sus proyectos. Este porcentaje es cinco puntos superior al exigido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, lo que demuestra el compromiso del Gobierno autonómico con el municipalismo.

Además, ejecutará otro 10% de las inversiones en colaboración con la Plataforma del Tercer Sector Social, como reconocimiento a la labor esencial que desempeñan estas asociaciones y fundaciones en la Comunidad y a su experiencia y conocimiento en estas materias.

Los proyectos desarrollados por los ayuntamientos y diputaciones se centrarán en la atención residencial –mediante actuaciones en centros de su competencia– y en la accesibilidad, para la supresión de barreras físicas y sensoriales, y la simplificación administrativa.

Las entidades del tercer sector participarán con la Consejería de Familia e Igualdad en gran parte de los proyectos piloto de innovación y de transformación tecnológica, tanto en el ámbito de la discapacidad como en el de la inclusión social,

Entre los más relevantes, cabe reseñar los programas experimentales para la reducción de la brecha digital mediante la adquisición de competencias en este campo y para el desarrollo de una cartera de servicios inclusivos generadora de empleo; el proyecto de creación de una oficina de accesibilidad universal y el de un laboratorio de ideas en I+D+i para valorar las posibilidades de aplicación de la impresión 3D en la adaptación de materiales a medida de las necesidades de las personas con parálisis cerebral.