Estos colectivos "no están recibiendo alguna de estas prestaciones como consecuencia de la gestión y de las modificaciones normativas", de ahí la iniciativa del Consistorio, trasladada por parte de la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Ángela García Almeida.

Y ello, después de la petición de la Administración autonómica para que las corporaciones locales, "hasta que se encuentre una solución", puedan "atender y apoyar con los recursos y ayudas disponibles a los solicitantes de la Renta Garantizada de Ciudadanía a los que se les ha inadmitido el IMV".

El Consistorio aclara que estas familias, al no estar denegada la prestación del Ingreso Mínimo Vital que concede el Gobierno central, "no pueden recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía que otorga la Administración autonómica".

Ante esta situación que "sitúa a familias vulnerables en una situación de desamparo", el Consistorio de la capital abulense ha mostrado su "disposición para colaborar y hacer todo lo que esté en su mano para evitar que las personas más vulnerables sufran las consecuencias".

Por ello, solicita a las administraciones central y autonómica que, "a la mayor brevedad", encuentren una "solución que permita a quien lo necesite, obtener ayuda, en lugar de permanecer en un limbo burocrático, en un contexto social y económico que se ve agravado por la pandemia".