Se trata de una decisión “unánime”, dado que “no se han modificado los criterios para la determinación de las plantillas jurídicas para el próximo curso”, según han indicado los sindicatos, que denuncia que “siguen siendo unos criterios impuestos" por la Administración y son “economicistas, asentados en los recortes y no tienen en cuenta las necesidades pedagógicas y la despoblación que sufre nuestra provincia”.

Además, las organizaciones sindicales aseguran que la documentación les ha sido remitida por la Consejería de Educación “con retraso y con un escaso margen de tiempo para su estudio”. 

“Dada la situación de pandemia en la que nos encontramos se esperaba una propuesta generosa y adaptada a las necesidades reales de los centros educativos, pero no ha sido así por parte de la Administración”, se lamentan.

Insignicantes

Aunque admiten que se ha eliminado la supresión de plazas jurídicas docentes para el próximo curso, una medida “plausible”, se ha presentado una propuesta de creación “mínima para toda la Comunidad de Castilla y León y, especialmente, para la provincia de Ávila, que se considera insignificante, más aún teniendo en cuenta la realidad que se está viviendo en los centros”.

Una situación que supone una creación de “un puesto en el cuerpo de maestros de la especialidad de Educación Infantil, dos en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria -en la especialidad de Asesoría y Procesos de Imagen y de Tecnología Bilingüe- y una en el cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional -en la especialidad de Estética-.

Desde su punto de vista, se trata de una propuesta de aumento de cuatro puestos laborales para toda la provincia de Ávila, ya que “las dos transformaciones que se plantean no se pueden considerar como un incremento de la plantilla jurídica, sino un cambio de nombre de los puestos”. 

En la propuesta de la Administración para la provincia de Ávila “no se han contemplado las plazas jurídicas que en la negociación de años anteriores quedaron a la espera de su evolución” y que, los sindicatos consideraron que “deberían” haber sido incluidas -al menos nueve plazas más-, así como aquellas referidas a la atención a la diversidad -maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, en Audición y Lenguaje, Compensación Educativa, Orientadores Educativos, Profesores de Servicios a la Comunidad,..- que “permitan ofrecer al alumnado de la escuela pública una educación individualizada, centrada en el alumno y, que posibilite desarrollar al máximo sus posibilidades”. 

Los sindicatos destacan el hecho de que sea “la primera ocasión en la que ninguna organización sindical participa de esta ‘negociación’ por la negativa de la Consejería a modificar unos criterios que no ayudan a resolver los problemas de estabilidad del profesorado en los centros públicos, ni a abordar las necesidades reales de los centros educativos dotándolos de los recursos personales necesarios para llevar a cabo una enseñanza pública de calidad”.