El convenio entra en vigor el 1 de enero tras el acuerdo entre ambas partes a pesar de las desavenencias anteriores.

De este modo, el Ayuntamiento "destinará las cuantías aportadas por la institución provincial a sufragar de forma preferente los costes e inversiones vinculados al SPEIS", que aportará "los recursos humanos y materiales de los que disponga para la realización del servicio, sin perjuicio de que a tal efecto pudieran ser movilizados por la Diputación u otras instituciones o entidades públicas o privadas aquellos de los que dispongan".

Mientras tanto, la Diputación "compensará al Consistorio abulense por la disponibilidad del SPEIS durante las 24 horas los 365 días del año con aportaciones anuales de 700.000 euros entre los años 2021 y 2023, mientras que para el año 2024 la aportación será de 400.000 euros, siempre que la Diputación pueda prestar servicio en toda la provincia y desde el SPEIS únicamente se atienda a aquellas incidencias en los municipios que se encuentran a menos de 35 kilómetros de distancia desde Ávila capital".

Además, la Diputación se compromete a entregar en el año 2022 un camión de rescate para mejorar la prestación del servicio, valorado en una inversión de 400.000 euros.

En este sentido, el Ayuntamiento de Ávila recuerda "la obligatoriedad" que tiene la Diputación de "cumplir la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece en su articulado como competencia de la Diputación o entidad equivalente la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial". "En particular, asumirá la prestación de los servicios (…) de prevención y extinción de incendios en los [municipios] de menos de 20.000 habitantes cuando estos nos puedan proceder a su prestación”", dice la ley.

Igualmente, el Consistorio ha recordado el dictamen 131/2013 del Consejo Consultivo de Castilla y León, en el que "se reconoce que “la competencia de asegurar la prestación del servicio de extinción de incendios en los municipios de menos de20.000 habitantes corresponde a la Diputación provincial”.