Patronal y sindicatos se refieren a la decisión de conceder una subvención directa a "una de las entidades no representativas" que participan en la comisión de asesoramiento técnico, en referencia a la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila (Avilagro)  para la puesta en marcha de una plataforma logística agroalimentaria incluida en el Plan Territorial de Fomento de Ávila.

"Desconocemos qué interés o intereses tiene la Consejería de Empleo e Industria en esta acción sorprendente y precipitada; decisión positiva como muestra del compromiso económico de la Junta con Ávila, pero censurable e inadmisible en cuanto a las formas", argumentan.

A juicio de Confae, UGT y CCOO, y como miembros del Diálogo Social, creen que la autorización de esta subvención por el Consejo de Gobierno del 18 de diciembre "atenta contra los principios más básicos de libertad de participación, concurrencia y transparencia de los fondos públicos destinados", poniendo "en cuestión los fundamentos esenciales en el desarrollo del Plan Territorial de Fomento Industrial, al prescindir del consenso que debe prevalecer en la toma de decisiones en estos ámbitos".

Incomprensible

Así, creen "incomprensible" que este tipo de decisiones "unilaterales" se adopten "a espaldas de la mayor parte de los miembros del Grupo de Trabajo Específico", creado en el seno de la Fundación Anclaje para "la elaboración, seguimiento y ejecución del plan", en los términos recogidos en la orden de la Consejería de Empleo e Industria de 11 de agosto, que aprueba dicho plan.  

Para Confae, UGT y CCOO, esta situación hace "más urgente que nunca" el pronunciamiento de dicho Grupo de Trabajo, que en su opinión debe convocarse "con la mayor celeridad", para "valorar las circunstancias, razones y condiciones en que se ha aprobado, inconcebiblemente, la adjudicación de tal subvención directa".

Asimismo, estiman que el grupo tiene también que "definir el modelo de gestión que se va a aplicar para éste y los demás objetivos y áreas que incluye el Plan Territorial de Fomento, que cuentan con compromisos económicos de distintas administraciones", como Junta, Ayuntamiento y Diputación de Ávila.

De no ser así, esta actitud supondrá que "con decisiones tan arbitrarias (...), se estarán poniendo trabas inadmisibles a la imperiosa necesidad de industrialización que tienen Ávila y su provincia".