Esta petición tiene como objetivos “evitar el intrusismo en el sector y garantizar que los ciudadanos de Castilla y León reciban una información de calidad, veraz y que respete el código deontológico de la profesión”.

Indican que según las bases publicadas en el Bocyl el 6 de noviembre, las candidaturas deberán "describir los perfiles profesionales por cada puesto (director, redactores de informativos y programas, presentadores, técnicos...) especificando la formación académica, la cualificación profesional requerida y en su caso la experiencia en el sector audiovisual", pero en ningún momento se especifica que las personas que se dediquen a las labores periodísticas informativas tengan que contar con la licenciatura o grado de Periodismo o de Comunicación Audiovisual.

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León defiende que las instituciones públicas “deben dar ejemplo en todo lo que tenga que ver con la lucha contra el intrusismo en cualquier disciplina y, especialmente, en lo relacionado con el periodismo, debido al importante papel que desempeña para que cualquier sociedad goce de buena salud democrática”,

Por esta razón, el órgano colegial, que cuenta con el respaldo de la Red de Colegios de Periodistas, ha trasladado al ejecutivo autonómico esta demanda, “esperando que en la adjudicación de dichas licencias se garantice ante todo la profesionalidad periodística”.