Por ello, han sido instruidas diligencias "policiales-penales" por un supuesto delito contra la fauna y flora silvestre, que han sido remitidas a la autoridad judicial, ante la "intencionalidad de los hechos" que "denotan una práctica habitual en el tiempo".

Este delito ha cometido en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que además está considerada como de importancia dentro del plan de recuperación del Águila Imperial.

En ese coto se encontraron cuatro ejemplares de águila imperial -Aquila adalberti; un zorro -Vulpes vulpes-; un busardo ratonero -Buteo buteo-; un buitre negro -Aegypius monachus-; dos milanos reales -Milvus milvus- y el cadáver de un perro.

El hallazgo se produjo durante el servicio coordinado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, y celadores y agentes medioambientales del Servicio Territorial del Medio Ambiente de la Junta, que encontraron en un coto de caza de La Moraña, gestionado por una sociedad de agricultores y ganaderos, varias especies animales que "habían sido envenenadas y/o disparadas con armas de fuego".

Teniendo en cuenta que "casi todos" los ejemplares estaban "enterrados u ocultos" por la vegetación existente en la zona, se deduce que el autor o autores de estos hechos "tenían conocimiento de lo ílícito de su acción, con la idea de ocultar de forma deliberada a dichos animales".

Para su localización, se necesitó, además de las correspondientes batidas realizadas por los componentes del SEPRONA, celadores y agentes medioambientales de la Junta, la colaboración de perros especializados en la detección de cebos envenenados del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Este cuerpo no descarta que pueda haber más animales enterrados, aunque hasta el momento no han podido ser localizados.

Ante esta situación, fue activado el protocolo establecido en estos casos, de manera que los ejemplares localizados, así como otros restos encontrados, fueron remitidos para su necropsia y determinación de posibles venenos, a los laboratorios competentes de la Junta de Castilla y León y de Criminalística de la Guardia Civil, que confirmaron el envenamiento y el uso de armas de fuego en la muerte de dichos animales.