El fallo se produjo tras el juicio celebrado en febrero contra la farmacéutica, M.P.H., y el informático, J.J.A., tras descubrirse en 2015 que 89 recetas facturadas por una farmacia madrileña, procedían de otras dos farmacias abulenses, por un importe de 6.250,15 euros.

La Audiencia Provincial condenó a ambos a dos años y medio de prisión como autores "criminalmente responsables de un delito continuado de falsedad en documento público (...), en concurso medial con un delito continuado de estafa".

Además, fueron condenados a pagar diez meses de multa, a razón de una cuota diaria de 12 euros, a lo que se sumó una indemnización "conjunta y solidariamente" a una de las farmacéuticas por un total de 4.652,83 euros y otros 300 en concepto de daños morales. A esta cantidad se sumaron otros 1.597,32 euros a la otra farmacéutica en concepto de indemnización.

Los dos condenados presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, argumentando, entre otros motivos, vulneración de la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba y en la calificación jurídica de los hechos y atenuante de reparación de daños.

El TSJ de Castilla y León ha rechazado los argumentos de ambos y les impone el pago de las costas del proceso en segunda instancia y señala que cabe la posibilidad de recurrir este fallo en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.