A juicio de Fernando Rodero, procurador autonómico del PSOE, “la justicia condena la mala gestión de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial en materia de dependencia”, al tiempo que reitera su petición de dimisión del equipo directivo de dicha residencia.

“Hace años que varios residentes fueron calificados con distinto grado de dependencia, pero no se les reconocieron los beneficios de la Ley de Dependencia por ocupar plaza privada dentro de esta residencia pública”, recuerda Rodero.

Sin embargo, apunta el parlamentario, “los tribunales reconocen ahora que ese cobro fue irregular y que no se podían requerir 1.600 euros mensuales a estas personas, cuando el máximo establecido por ley era de poco más de 700”, por lo que la Diputación tiene que abonar más de 14.000 euros a la persona que ha ganado esta sentencia.

Según Rodero, el fallo judicial “también es un tirón de orejas para la Junta de Castilla y León como garante del cumplimiento de la ley de dependencia” toda vez que “es grave que la Junta haya estado percibiendo dinero del Estado para los beneficiarios de la comunidad, y que este dinero, no haya repercutido en los dependientes”.

El procurador socialista ha denunciado también que cerca del 50% de las camas de la residencia estén cerradas y ha augurado un futuro “muy incierto” para este centro.