Desde hace año y medio el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera ha llevado a cabo gestiones, con el apoyo de las familias, en un paraje en el que el artista Fernando Sánchez Blanco instalará un memorial en recuerdo de las víctimas. Sin embargo, la asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos y Toledo pretendió exhumar los restos de los fusilados alegando la voluntad de una anciana fallecida solo dos semanas antes.

Fueron miembros del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera y vecinos de la zona quienes impidieron a integrantes de Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos y Toledo efectuar la exhumación, que han calificado como “una intentona ilegal de exhumación por las bravas” lo que ocurrió el 12 de mayo.

Por eso lamentan su “más profunda repulsa y condena” porque “un grupillo de tres personas” pretendiera “ultrajar y profanar la tumba de víctimas de la represión franquista, perfectamente memorizada por sus parientes desde que ocurrieron los hechos luctuosos”, y que se encuentran reconocidos con la construcción de un mausoleo en aquel lugar y catalogado como cementerio civil

Fechoría
Justifican que acudieron a la zona aquel día “para impedir que tal fechoría se llevara a cabo, acompañados de 18 familiares profundamente preocupados”, donde la Guardia Civil acudió advertida por el alcalde, que exigió la identificación y las autorizaciones  con arreglo al protocolo establecido para poder exhumar.

El Foro recuerda que quieren levantar una tumba-mausoleo para reconocerles y cumplir con los familiares su deseo de “no levantar los restos para su identificación individual y que permanezcan juntos en el lugar perfectamente identificado por ellos”, llevando a cabo los trámites oportunos ante Ayuntamiento, Junta y la cesión de uso privativo de la parcela por 25 años como cementerio civil, así como la concesión de una subvención del Ministerio de Presidencia para el proyecto del memorial, iniciado con el correspondiente permiso de obras del Ayuntamiento.

Quienes iban a realizar la exhumación carecían de las firmas de los familiares, según el Foro, a diferencia de la versión de la otra asociación, que alegó que la hermana e hija de uno de los enterrados allí, y que había fallecido 15 días antes, lo había solicitado para que los restos de sus familiares reposasen con ella en el cementerio de Lanzahíta, si bien otros miembros de su familia no son de la misma opinión y desean que no sean desenterrados.

Mario López, coordinador de actividades de la asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos y Toledo, manifestó que no habían exhumado los restos al sentirse “presionados” y criticó la actuación del grupo.

Desde el foro defienden “el derecho a decidir de los familiares y parientes” de los fusilados el 19 de septiembre de 1936: Víctor Jiménez de la Iglesia, de 51 años, labrador, con esposa y seis hijos; su hijo, Agustín Jiménez Barbado, de 21 años, soltero; Santiago Jiménez García, de 27 años, jornalero, con esposa e hijo de siete meses; Ladislao Jiménez Sánchez, 27 años, jornalero, con esposa e hija de un año; y José Pizarro Hernández, 62 años, guarda forestal, con esposa y dos hijos.