El secretario ejecutivo de Educación del partido en Ávila, Óscar Arroyo, ha criticado la ley Celaá, que ha sido aprobada en el Congreso sin memoria económica y que tendrá “efectos y repercusión en Ávila” por la implantación  y “amplia demanda que tienen estos centros entre las familias abulenses”.

Arroyo ha lamentado que no se haya escuchado a estas familias, que están “justamente inquietas”, por eso el PP quiere “darlas voz” porque “al final” buscan “que se respete la libertad educativa que los padres quieren para sus hijos”.

Por su parte, el senador Juan Pablo Martín, ha advertido que la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación) “va mucho más allá del ámbito educativo. puesto que ha sido diseñada con un único fin, de aumenta la confrontación y dividir aún más a la sociedad española”, así como “desvertebrar España y hacer que los centros educativos no sean centros de enseñanza sino centros de adoctrinamiento”.

Moneda de cambio

Martín ha afirmado que la ley es “una de las monedas de cambio que entrega el gobierno de Pedro Sánchez a sus socios de Podemos e independentistas, a cambio de un sí a los presupuestos”. Con esta ley “les entregan el futuro del país, el futuro del país y les entrega el futuro de nuestros hijosm cuando lo que necesitaría España sería un Gobierno que precisamente se ocupara y se preocupara de este futuro”, ha incidido.

Esta ley -ha añadido- “no es lo que necesitan los abulenses ni los españoles para salir del atolladero histórico en el que nos encontramos”, ya que es una ley que “no ha sido dialogada con la comunidad educativa sino impuesta” y que no ha surgido “de abajo a arriba sino de arriba a abajo, redactada a espalda  de las comunidades autónomas, que son quienes la tendrán que aplicarla”, frente a la “tan cacareada gobernanta de los últimos meses",

También ha considerado que ha sido tramitada “con oscurantismo y con unas prisas que la delatan”, que carece de dictamen del Consejo de Estado y que “carece de memoria económica con los recursos necesarios para absorber públicamente toda la educación especial y concertada a la que atacan”.

La ley, además de “sectaria”, “no acepta el principio constitucional del sistema educativo español”, que “ataca ideológica y conceptualmente a la educación concertada”, teniendo en cuenta, ha destacado, que el PSOE “ha gobernado en democracia durante más de 25 años”, cuando “no solo no ha atacado, sino que ha fomentado el modelo dual de educación pública y concertada”.

Ahora, “al dictado de Podemos” como “un partido radical que busca trasladar la radicalidad a la sociedad española y que asocia la educación concertada con un concepto irreal de segregación”, por eso la nueva ley está “profundamente ideologizada y busca un concepto de educación pública  estatalizada en la que no haya cabida para la libertad de elección ni de ideario educativo, que  defiende un pensamiento único”.