La investigación se llevó a cabo a raíz de la denuncia presentada por cuatro ganaderos de la comarca zamorana de Sanabria, que habían sido estafados en la compraventa de las reses.

Las primeras investigaciones sitúan al ganado en una explotación ganadera en Segovia, desde donde se sospechaba que pudieran ser trasladados posteriormente a la comunidad de Murcia. Una vez realizadas las indagaciones suficientes, se descartó esa posibilidad y se abrió otra línea de investigación, que situó a los animales en una explotación de la localidad de Palacios del Arzobispo, en la provincia de Salamanca.

Confirmado este hecho, las investigaciones revelaron el traslado de parte de las reses desde la explotación salmantina a otra en Villafranca de la Sierra, donde fueron localizadas Villafranca de la Sierra. En esta localidad estaban todos los animales adquiridos mediante la estafa en Zamora, que fueron reconocidas por sus propietarios y retornadas a sus explotaciones.

A su vez, se obtuvo información de que varios ganaderos de la provincia de Ourense, en la comarca de Viana do Bolo, habían sido estafados por el mismo método, habiendo sido adquiridas 28 reses de vacuno, siendo estos animales también recuperados, parte de ellos en Ávila y el resto en explotaciones de las provincias de Burgos y Segovia.

A estas explotaciones ganaderas de Burgos y Segovia los animales habían sido vendidos desde la explotación en la localidad de Folgoso de la Carballeda en la provincia de Zamora, pasando antes por otro ganadero de la localidad de Piña de Esgueva (Valladolid), quedando éstas a disposición del juzgado para la entrega a sus dueños.

Modus operandi
Según la Guardia Civil, el procedimiento para la estafa se inicia por parte de una persona desconocida para el ganadero, que se presenta en la explotación con la intención de comprar reses de ganado joven. Este individuo se hace pasar por un representante de una conocida empresa del sector y de buena reputación, que inicia la compraventa de los animales.

El estafador ofrece un buen precio por cada una de las reses. Una vez cerrado el precio, al día siguiente se presenta para cerrar la operación y entrega al ganadero un comprobante de ingreso en la cuenta por el dinero acordado, que a la postre resulta ser un recibo falsificado, al igual que la factura falsa, que es emitida a nombre de la empresa suplantada.

Otro de los implicados, poseedor de una ganadería, solicita a la unidad veterinaria de su zona, crotales identificativos nuevos, argumentando que son para reses nacidas en su explotación. Estos crotales son usados para cambiarlos por los que ya poseen las reses adquiridas mediante la estafa y legalizarlas a nombre de la otra explotación.