Igea se ha reunido telemáticamente, junto al director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, con el presidente y el vicepresidente primero de la institución provincial abulense, Carlos García y Pedro Cabrera respectivamente, y los los representantes de los diferentes grupos políticos.

Para el vicepresidente el encuentro ha resultado "muy satisfactorio, a tenor de la respuesta favorable obtenida en la conversación mantenida con estos interlocutores de la Diputación de Ávila".

Se trata de uno de los encuentros que forman parte de la ronda de contactos abierta desde la Junta para "exponer el sentido, las novedades y la flexibilización" que supone la modificación de la Lorsergo.

Según el Gobierno autonómico, su propósito es "hacer partícipes a las diputaciones provinciales de esta reforma legislativa", que persigue "un avance definitivo para que la ordenación del territorio de la Comunidad sea una solución y una clave para el futuro de la prestación de servicios de calidad, de manera especial, en el medio rural".

Para Igea, la modificación de esta ley es "una reforma esencial para el proyecto de Comunidad". "El camino no es imponer una reforma, sino tener en cuenta a cada una de las provincias", ha argumentado el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

Postura de la Diputación

Por su parte, el presidente de la Diputación abulense, Carlos García, ha subrayado los "avances importantes" que suponen de cara al futuro la "dotación de servicios del medio rural abulense", haciendo hincapié en la "autonomía municipal y la voluntariedad a la hora de adoptar acuerdos".

Al respecto, ha indicado que "lo más importante" de este anteproyecto es el hecho de que "cuente con las diputaciones provinciales para la elaboración del mapa de las áreas funcionales rurales".

Por su parte, el portavoz de Por Ávila. Alberto Encinar, ha expresado la "defensa de la autonomía municipal y la suficiencia financiera" de los ayuntamientos como "uno de los elementos fundamentales que ha de regir la actuación de todas las administraciones" implicadas.

Encinar también ha manifestado su preocupación por la dotación de los servicios mínimos que se deben prestar en los ayuntamientos. De esta forma, ha planteado la ''necesidad'' de que las entidades locales, además de con unos buenos servicios en materia de educación y sanidad, cuenten con los servicios de Secretaría e Intervención, que ha calificado de ''fundamentales'' para el funcionamiento de los Ayuntamientos y, en definitiva, el bienestar de los vecinos de cada municipio.

En este sentido, ha preguntado si "estos servicios estarían incluidos dentro de los servicios mínimos y obligatorios" que contempla la Junta en relación con el proyecto de la nueva Ley de Ordenación Territorial.