La protesta tendrá lugar este jueves en la plaza del Merrcado Chico (12 horas), con una duración de 45 minutos y con un aforo máximo de 20 personas para "respetar las distancias de seguridad".

Este sector, que cuenta en Ávila con 550 personas en la provincia, exige una "dignificación" de su labor y "no continuar "en situación de precariedad laboral", lo que aseguran que les deja "indefensas ante la voracidad del mercado", han señalado los sindicatos UGT y CCOO.

De las trabajadoras que tiene este sector en Ávila, 86 corresponden al ámbito de Ávila capital, dependiendo, por lo tanto, de la empresa contratada por el Ayuntamiento, mientras que las 464 restantes corresponden  al resto de municipios de la provincia, dependiendo de la contrata con la Diputación.

Entre todos ellos dan servicio a unas 2.130 personas dependientes, con un porcentaje de ocupación de mujeres del 98%, la mayoría a través de un contrato a tiempo parcial.

Imprescindibles

Los sindicatos consideran que la crisis ha mostrado que el servicio que prestan y su profesión son "imprescindibles para la sociedad", habiendo estado "en primera línea, sin descanso y con un alto riesgo de contagio, para que las personas dependientes que están en sus domicilios, tengan el bienestar que merecen".

"Sin embargo", aseguran, "la patronal, lejos de esa sensibilidad hacia este servicio, hacia sus profesionales y sus usuarios, lo ve sólo como una mercancía en la que hay que ahorrar todo lo posible".

En este sentido, señalan que la propuesta de la patronal para el nuevo convenio colectivo es: 0% de subida salarial en 2020;0,25% de subida salarial para 2.021 y destinado a plus transporte;1% para 2.022;1,50% para 2.023 y llegar ¡en 2.022! a considerar el 100 % del tiempo de desplazamiento entre usuarios como tiempo efectivo de trabajo.

Desde su punto de vista, se trata de unas condiciones "inaceptables", por cuanto suponen "un retroceso retributivo y laboral". Los profesionales del sector llevan a cabo un "trabajo esencial" en "una sociedad envejecida que requiere de este servicio para su calidad de vida".

"Si queremos -afirman- que nuestros dependientes tengan un trato digno y permanezcan el máximo tiempo posible en su domicilio habitual y familiar en condiciones óptimas, se debe garantizar condiciones laborales también dignas a quienes les asisten", apuntan, antes de reclamar que sea la propia administración la que deba "velar para proteger esta prestación".

Asimismo, exigen a las partes implicadas -administraciones y empresas del sector-, que "no mercadeen" con sus derechos y que "no ahorren a costa de" sus "condiciones", ya que con sus pretensiones "empeoran la calidad del servicio".