En concreto, fue el pasado 17 de enero cuando la Federación Española de Municipios y Provincias suscribió con ONG, entidades financieras y los ministerios de Economía, Sanidad y Fomento el convenio para la puesta en marcha fondo social de viviendas de alquiler dirigidas a personas que han sufrido un desalojo de su vivienda habitual.

Los servicios sociales municipales de Ávila y Solosancho son los encargados de emitir, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, con el objetivo de priorizar la adjudicación de viviendas entre los demandantes.

A los alquileres de dicho fondo pueden acceder personas desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social.