En el caso de Ávila, rubricado con el presidente de la Diputación abulense, Carlos García, supondrá la creación de 36 depuradoras con una inversión de 17 millones de euros, de los que la institución provincial aportará 6,8 millones y el resto la Junta. Sobre esta previsión, Junta y Diputación deberán concretar los proyectos y los detalles de las inversiones.

El programa medioambiental supondrá la movilización de inversiones en torno a los 140 millones de euros, de los que el 40% será aportado por la Junta, otro 40% por las diputaciones y el 20% restantes los ayuntamientos, según ha explicado Fernández Mañueco, quien ha señalado que esta actuación se pone en marcha una vez finalizado el bloque de actuaciones en núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes, y que seguirá, a lo largo de la próxima legislatura, también de la mano de las diputaciones, con la depuración de los municipios de menos de 500 habitantes equivalentes.

La Junta, además, ayudará a las administraciones locales financiando su aportación, a diez años en el caso de  de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario a las Administraciones locales.

El presidente ha destacado que se trata de hacer una apuesta por la modernización y la sostenibilidad; por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos, y la calidad, en general, del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social.

Compromiso

Ha señalado, además, que es un paso al frente en el compromiso con el mundo rural y el desarrollo, a la vez que ha subrayado que es un ejemplo de cómo administraciones de distintos signos políticos alcanzan acuerdos en beneficio de las personas de Castilla y León.  

Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias, que serán en torno a 300. Este grupo de trabajo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.   

En este sentido, las distintas administraciones han acometido un importante esfuerzo inversor en los últimos años, apoyadas por la disposición y aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE para esta finalidad, con la construcción de numerosas infraestructuras de tratamiento de aguas residuales urbanas.