El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se nombró, en comisión de servicio, a una funcionaria como jefa de servicio de los Servicios Sociales. El fallado declara “no conformes, ni ajustadas a derecho, las resoluciones administrativas”.

Según la Federación de Servicios de UGT, “empieza a resultar incontable el número de anulaciones, revocaciones, suspensiones y retrasos en las decisiones administrativas del equipo de Gobierno de la Diputación en materia de personal en los últimos cinco años”.

Y advierten de la “persistencia” del equipo de Gobierno en “plantear  nombramientos imposibles al prescindir de las normas contenidas en la legalidad”, así como de “otras disposiciones anuladas en materia de personal como convocatorias de plazas y puestos de trabajo anulados en sede judicial o por resoluciones de las Administraciones competentes”, aparte de varias condenas a la Corporación por “retribuir trabajos de sus empleados, no consignados, de forma injusta, en sus nóminas”,

Inseguridad jurídica

Para UGT, la inseguridad jurídica de todos estos casos “no pueden ser solventadas echando la culpa a los tribunales e instituciones que anulan sus decisiones, a los demandantes o a los propios servicios jurídicos de la Diputación”, ya que “son las decisiones políticas de la Diputación las que se ponen en cuestión y sobre las que los tribunales sentencian, los interesados o sus representantes impugnan y los servicios jurídicos corporativos, aún haciendo todo lo que pueden, no pueden evitar”.

Lamentan el “empeño en realizar nombramientos irregulares para puestos de trabajo que conllevan el ejercicio de la responsabilidad inherente a las jefaturas de servicio en aras a la confianza personal que algunos miembros del equipo de Gobierno puedan tener en determinadas personas, pues no se trata de confianza personal de quien los nombra, sino de la confianza de la ciudadanía a la que van destinados todos los servicios públicos”, por lo que “sólo se puede garantizar aplicando las disposiciones legales que regulan el acceso a la función pública o a cada puesto de trabajo”. 

Por eso deben asignarse “en el respeto a las premisas constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, que es “la única garantía de que los empleados públicos puedan, por otra parte, actuar en el desempeño de sus cargos con independencia profesional”.

El sindicato llama a los diputados para que “reflexionen” de cara a que adopten medidas que sirvan para “un mejor funcionamiento de la institución desde el respeto a la legalidad vigente”, ya que “el prestigio de la Diputación y de sus empleados no se merecen menos”.