La iniciativa será debatida en la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta, con el objetivo de “cubrir el déficit generado por este servicio público que durante la crisis de la Covid-19 ha llegado a registrar caídas de uso superiores al 90%".

“Pese a que esta competencia puede considerarse impropia de las entidades locales, muchos ayuntamientos y diputaciones han asumido la iniciativa en la prestación de este servicio de educación infantil", ha argumentado Martín, quien señala que se trata de "un elemento básico para el asentamiento de población joven en el medio rural y para la equiparación laboral de hombres y mujeres, en tanto que hace posible la conciliación de la vida laboral y familiar".

“A pesar de que Ávila es un ejemplo muy evidente de la lucha que se está haciendo contra los efectos de la pandemia, desde el Gobierno de España estamos recibiendo constantemente el desprecio y el ninguneo a la hora de atender las necesidades de estos ayuntamientos", apunta el senador.

Al respecto, apunta que "hay miembros de este Gobierno que se presentaron a las elecciones prometiendo la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y, sin embargo, la factura la están pagando las administraciones locales".

Extrema vulnerabilidad

En el texto de la moción registrada ante la Mesa del Senado, los populares inciden en que "la actual coyuntura provocada por la pandemia de la Covid-19 presenta una situación de extrema vulnerabilidad de los presupuestos municipales, derivada de un contexto en el que los ingresos en concepto de tasas por prestación del servicio de educación infantil se han reducido prácticamente a cero, como consecuencia del parón obligado por el estado de alarma y posteriores fases de desescalada".

Mientras tanto, añade, "los gastos asociados a todos los contratos laborales vigentes con educadores, monitores, personal de cocina y limpieza, etc., así como los gastos de limpieza y mantenimiento de edificios o de prestación de servicios asociados a la educación infantil de 0 a 3 años, continúan plenamente vigentes, pues las entidades locales no han podido acogerse a ninguna fórmula de flexibilización laboral".

Para el senador abulense, "desde hace meses se ha roto de manera dramática el equilibrio financiero en la prestación de una competencia que además de impropia, se ha convertido en claramente lesiva para los ayuntamientos y diputaciones".