Ambos han clausurado la junta directiva provincial que los populares han celebrado de forma presencial y telemática, con el objetivo de “marcar el trabajo de cara al próximo trimestre”..

Minutos antes de su inicio, García se ha referido a la “nefasta gestión por parte del Gobierno en la crisis del Covid, buscando chivos expiatorios y obviando sus responsabilidades”. “El mejor ejemplo es lo que está pasando en Madrid”, ha añadido el también presidente de la institución provincial.

“Lo que no han conseguido en la calle los agitadores de extrema izquierda, que es el Gobierno de Podemos, lo está logrando Pedro Sánchez por la vía de los hechos, que es una modificación estatutaria de la Constitución Española”, ha argumentado el presidente provincial del PP, quien ha destacado la “magnífica gestión de los alcaldes y concejales del PP” en todos los ayuntamientos que gobierna.

Moción contra la ocupación

Por otra parte, ha anunciado la presentación de una moción para “garantizar los derechos de todos los propietarios ante la ocupación”, con varias líneas: “No pueden tener los mismos derechos los inquilinos que ocupan de manera ilegal esas viviendas que los propietarios; no entendemos que se dilaten en los juzgados los procesos penales y vamos a exigir que en las 12-24 horas posteriores a su ocupación se proceda al desalojo; enfatizar la postura contra la obligación de empadronar a esas personas que están ocupando viviendas de manera ilegal, decidido por el Gobierno con un decreto ley durante la pandemia con nocturnidad”.

Asimismo, ha dicho pretender que las penas “también sean mayores” y que “las comunidades de propietarios y personas jurídicas puedan presentar causa”. Además, ha anunciado que el PP impulsará una campaña de recogida de firmas en este sentido.

Tras criticar el “veto” del Gobierno a la presencia del Rey en la toma de posesión de los nuevos jueces en Barcelona, Carlos García ha exigido al Gobierno que “escuche a las entidades locales”, tras no prosperar la convalidación del decreto ley, a través del cual, el Ejecutivo central intentaba “expoliar e incautar los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones”.

 Por otra parte, ha agradecido a la Junta de Castilla y León y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, su “compromiso y voluntad con el Plan de Fomento, que ya está en funcionamiento”, así como la licitación de la unidad satélite de radioterapia.

“Desde el PP de Ávila no nos vamos a estar quietos, entendemos que la sanidad en este caso sea algo negociables, pero por parte del PP abulense vamos a intentar que una vez que vaya remitiendo la pandemia se vayan recuperando todos y cada uno de los servicios sanitarios como un servicio básico”, ha explicado, sin explicar a qué se refería en concreto.

No está por la concordia

Por su parte, el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha arremetido contra la "deriva radical" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar que "está por que la concordia no sea posible", haciendo referencia al epitafio que reza en la lápida bajo la cual están enterrados Adolfo Suárez y su mujer, Amparo Illana.

"Cada día este Gobierno nos prepara un sobresalto nuevo, no ya solo desde el punto de vista sanitario o económico, sino también desde el punto de vista institucional y constitucional", ha apuntado, a la vez que ha criticado los "globos sonda" que suele lanzar.

Desde su punto de vista, "un día sorprenden con los posibles indultos a golpistas y al día siguiente con no dar el plácet a la presencia del Rey en algún sitio".

“Si algo está claro en el artículo 117 de la Constitución, es que la Justicia emana del pueblo y la administran los jueces y tribunales en nombre del Rey, por eso todas las sentencias van así", ha sostenido, antes de añadir: "Esas cuestiones, que no están en la literalidad de las leyes, sí están en los usos y costumbres, que también son ley y también son fuentes del derecho, en los usos y costumbres del derecho constitucional".

Deriva radical

En este contexto, ha dicho temer que "esta deriva radical del Gobierno de España signifique una división y una discordia entre todos los españoles". "Parece que este Gobierno está por que la concordia no sea posible", ha lamentado.

Al respecto, ha asegurado que el Partido Popular "hará valer ese epitafio, que es lo que quiere la mayoría de los españoles", ya que si la concordia "fue posible después de 40 años de guerra civil, cómo no va a ser posible la concordia después de 40 años de democracia".

Además, el número dos de los populares de Castilla y León ha reiterado en el deseo de la Junta de gestionar el Ingreso Mínimo Vital, debido a la "experiencia" acumulada en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía en los últimos diez años.

Al respecto, ha insistido en que "si desde el primer momento el Gobierno lo hubiera puesto en manos de la Junta, como sí que ha hecho con los gobiernos navarro y vasco, se habría gestionado mucho mejor".

Así, ha añadido, "el diez por ciento" de las personas que lo han solicitado "lo han percibido", tras haber pasado casi cuatro meses desde su puesta en marcha en junio y a su juicio "tendría que estar mucho mejor gestionado".