Del Sábado, 06 de Septiembre de 2025 al Miércoles, 10 de Septiembre de 2025
El PSOE ha pedido a la Junta, sin éxito, que publique los datos de personas afectadas por coronavirus en todas las residencias públicas y privadas de personas mayores de Castilla y León.
“Los intereses económicos privados no pueden servir de pretexto a la Junta para negarse a informar sobre lo que de verdad ha ocurrido en las residencias”, ha dicho la procuradora Soraya Blázquez en la Comisión de Transparencia celebrada en las Cortes, con la intención de que se hagan públicos en el Portal de Transparencia los datos desagregados del número de personas afectadas por el Covid-19, reflejando el numero de fallecidos por coronavirus diagnosticado y los que han muerto con sintomatología compatible con el Covid 19 en todos los centros públicos y privados de la Comunidad.
“No es de recibo que el Gobierno autonómico oculte estos datos a la opinión pública porque no quiere perjudicar los intereses económicos de las empresas que buscan negocio con las residencias”, a la vez que ha denunciado el modelo de atención a los mayores que defiende la Junta, que es el de “hacer caja”.
En el caso de los fallecimientos en residencias privadas, el Gobierno autonómico, según la procuradora, “entiende que los intereses económicos y comerciales de las empresas que gestionan las residencias están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qué sucedió durante la pandemia en las residencias de mayores de su ámbito territorial”.
También ha acusado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de pretender eludir su responsabilidad ocultando datos referentes a su gestión de las residencias, sobre todo en cuanto a los criterios de las gerencias de Salud y de Servicios Sociales para el traslado de los mayores enfermos por coronavirus y con síntomas a los hospitales, y primar su atención en las propias residencias.
Blázquez denunció que sólo el 9% de los centros residenciales son de titularidad pública en Castilla y León: “el porcentaje de plazas residenciales privadas en muy superior al de los públicos, y la Junta se ha puesto del lado de sus gestores en vez del lado de los ciudadanos, que tienen derecho a saber lo que ha sucedido en los centros donde se cuida a sus familiares”, ante la negativa de PP y Ciudadanos a publicar los datos.
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