Miguel Hernández y Soraya Blázquez consideran que este reconocimiento supondrá "un revulsivo para la conservación y mejora de la riqueza patrimonial de este municipio", para lo cual, reclaman inversiones a la Administración autonómica.

El retraso de 57 años en la resolución del expediente iniciado en 1963 suponía "una rémora para los intereses del municipio", ya que el Ayuntamiento se encontraba con "limitaciones" como el acceso de líneas de subvenciones dirigidas a la restauración de sus monumentos.

Por ello, consideran que la declaración de conjunto histórico sea "una garantía para salvaguardar su patrimonio". Sin embargo, creen que este reconocimiento "debe ir acompañado también de un programa de inversiones" por parte de la Junta que, además del mantenimiento del patrimonio, permita en Madrigal "dar un gran impulso al turismo".