Así lo ha dicho el máximo responsable del sindicato en Ávila, Óscar García Barroso, quien considera “imprescindible” unas ordenanzas fiscales “justas y progresivas”, que contribuyan a crear empleo y que “garanticen la protección social”, salvaguardando los “necesarios servicios públicos”.

En este sentido, cree necesario “profundizar en un sistema “progresivo en la recaudación”, que “exija más a quien más tiene”, y “distributivo” en el gasto, “atendiendo a quien más lo necesita”.

Asimismo, ha defendido un sistema fiscal “simple y equitativo”, con el objetivo de que los vecinos de la ciudad lo perciban “con cercanía y de manera comprensible”. Al respecto, cree “importante “reconsiderar” tanto los beneficios, que deben ser “pocos y justificados”, como las deducciones fiscales.

Además de defender la necesidad de la “intervención pública en la economía y en la sociedad”, García apunta que las ordenanzas fiscales deben “contribuir a fortalecer el consumo interno”, de cara a la recuperación económica. Igualmente, defienden un aumento de la recaudación “sin necesidad de subir los tipos de impuestos, sino reduciendo los beneficios fiscales que no respondan a necesidades susceptibles de protección o puedan ser sustituidas por ayudas directas”.

Gravar a los inmuebles desocupados

Las propuestas de CCOO se asientan en “cinco claves”, según García Barroso, quien ha señalado que la primera debe ser “un IBI diferenciado para las grandes actividades económicas”, estableciendo un “recargo adicional a los inmuebles desocupados.

La segunda “clave” hace referencia a la “creación o aumento” de tasas para la actividad económica que “graven el uso del espacio público”. En este sentido, se ha referido a los cajeros automáticos, la telefonía móvil o las instalaciones de transporte, de energía eléctrica, gas, hidrocarburos…

Además, apuesta por la “movilidad sostenible”, haciendo una apuesta en este sentido, “fomentando el uso de transporte público” y “desincentivando el uso de los automóviles, sobre todo de aquellos que resultan más contaminantes”. Según García, debería “eximirse de la tasa de vehículos de tracción mecánica a los de cero emisiones”, realizando una “subida progresiva” a aquellos de mayor potencia.

La cuarta “clave” se asienta en el hecho de que los servicios públicos sean “equitativos, accesibles y sostenibles”, de manera que las tarifas “se ajusten” al servicio que se preste.

Finalmente, la propuesta de Comisiones Obreras defiende la “sostenibilidad ambiental” en aspectos como el agua y los residuos, apostando por la “progresividad”. “A más consumo, más pago”, ha señalado García Barroso, quien ha subrayado la necesidad de “incentivar el ahorro del agua y la mejora de la gestión de los residuos".