El portavoz de la formación en la institución provincial y vicepresidente, Pedro Cabrero, ha lamentado que "este acuerdo que considera “claramente confiscatorio y que rompe el consenso con el municipalismo”, supone “la peor de las noticias para los ayuntamientos, a las puertas de una nueva crisis económica".

En este sentido, ha criticado que "esta obra de ingeniería fiscal en beneficio del Gobierno coarte la capacidad de maniobra de los ayuntamientos, ante un escenario económico complicado".

Al respecto, Cabrero ha pedido al PSOE que "explique ahora cómo piensa defender el municipalismo, cuando está atentando claramente contra uno de sus pilares básicos y metiendo la mano directamente en las arcas municipales".

A su juicio, en una situación “de extrema gravedad”, lo que habría que hacer es “propiciarse una reforma legislativa con carácter inmediato para que se pudieran accionar todos los resortes financieros de las entidades locales, para que el uso de los remanentes de tesorería no compute en las reglas de gastos y de estabilidad presupuestaria".

A costa de los entes locales

A su juicio, este acuerdo pretende “dar liquidez al Ejecutivo central, a costa de las entidades locales y provinciales que han hecho sus deberes”, con una cantidad que rondaría los 14.000 millones de euros.

En lo que considera “un nuevo ejercicio de 'ingeniería fiscal'”, los ayuntamientos y diputaciones que decidan voluntariamente acogerse a este plan, “entregarán su superávit a cambio de poder acceder a un fondo con hasta 5.000 millones de euros”, para destinarlo a tres áreas actuación: agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. Para recuperarlo, si las circunstancias lo permiten, en al menos una década.

“Sin embargo”, afirma Cabrero, “obvia algunos sectores como la industria u otros relacionados con la generación de riqueza, tan necesarios a las puertas de una crisis socioeconómica fruto de la pandemia y, sobre todo, limita la capacidad de reacción de la administración más cercana a los ciudadanos”.