Según la UCE, en caso de cumplir los estándares exigidos de habitabilidad, dichas casas pueden pasar a formar parte de un fondo de viviendas para alquiler social, dirigido a las familias que, por diversas circunstancias, han perdido o están a punto de perder su vivienda.

La Unión de Consumidores pidió a la Junta de Castilla y León que iniciara contactos con ADIF para abordar este asunto y la respuesta ha sido que será la Consejería de Familia la que coordine la iniciativa.

Confían en que el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, “ponga su empeño para, cuanto antes, iniciar contactos con ADIF y estudiar la posibilidad de firmar un convenio que permita el uso de las viviendas”.

Según esta organización, el uso de estas viviendas “traería consigo beneficios para todos, ya que ADIF pondría un precio social que podía verse rebajado, aún más, con prestaciones de servicio por parte del alquilado, como la limpieza de la sala de espera en aquellas estaciones que no exista personal para realizarlo”.

Por otro lado, “las administraciones verían incrementadas el número de viviendas para ofrecérselas en este alquiler social a los damnificados por el problema de las hipotecas”.