Para mejorar el acceso se destinan 30 millones de euros, pero no se determinado la inversión en cada provincia ni la cobertura que se conseguirán. En la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas han rubricado los acuerdos, con la presencia del presidente de la institución provincial abulense, Carlos García, que ha destacado los acuerdos “por lo que suponen como oportunidades para asentar población en nuestros pueblos y mejorar la calidad de vida y el acceso a una vivienda digna”.

“Hemos de ser conscientes que el acceso a las tecnologías de la comunicación es clave para hacer del medio rural un entorno profesionalmente atractivo para que empresas y trabajadores se asienten en él”, ha señalado.

Por un lado, las administraciones autonómica y provinciales han rubricado un acuerdo para destinar 30 millones de euros, cofinanciados al 50%, para llevar internet de banda ancha de alta velocidad, tanto fija como móvil, a aquellas áreas donde no llegan las operadoras.

Transformación digital

Fernández Mañueco ha asegurado que la extensión de internet de alta velocidad a todo el territorio es básica para el desarrollo rural, para la modernización de la Comunidad y para poder impulsar la transformación digital. “Cerrar la brecha digital aumentará la igualdad de oportunidades”, ha añadido el presidente, quien ha señalado que este proyecto facilitará el emprendimiento y abrirá nuevas posibilidades a las empresas; permitirá incrementar el teletrabajo y que haya más personas que puedan vivir en su pueblo aunque su puesto de trabajo esté asentado en una ciudad; y multiplicará las opciones de ocio y entretenimiento

Esta medida facilitará también la integración, la eliminación de barreras, la igualdad de oportunidades, el desarrollo y el progreso de la Comunidad “porque hoy la transformación digital ya no es una posibilidad o una opción; es una necesidad irrenunciable”, según el presidente.

A esta inversión se sumará la que realiza la Junta en colaboración con el Gobierno de España, con  19,5 millones de euros convocados el 16 de julio para desplegar redes en zonas sin cobertura.

En cuanto al segundo de los protocolos firmado, impulsa la rehabilitación de edificios de titularidad municipal en desuso en los cascos urbanos del medio rural, para incorporarlos al parque público de alquiler social.

Rehabitare

Las diputaciones se adhieren así al programa Rehabitare para desarrollar 82 actuaciones, con un presupuesto que alcanza los 4,26 millones de euros, confinando al 50%.

Este programa, en palabras de Fernández Mañueco, tiene un carácter social, facilitando una vivienda a quien más lo necesita, especialmente a los jóvenes; fijando y recuperando población en el medio rural, de forma colaborativa y eficiente; aprovechando el patrimonio inmobiliario en desuso de los pueblos, y contribuyendo a enriquecer el parque inmobiliario en el medio rural, y a la generación de actividad económica en dicho medio, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan.

La Junta, por su parte, acometerá la programación ordinaria de Rehabitare, que prevé invertir algo más de 10 millones de euros y rehabilitar más de 200 viviendas. Con la suma de este programa y el que surge de la implicación de las diputaciones la inversión superará los 14 millones de euros y las viviendas que se rehabilitarán serán unas 300.

Rehabitare se inició como plan piloto en Palencia en 2009, que actuó en 17 viviendas, de titularidad municipal, en cinco municipios con una inversión de 1,2 millones de euros, siendo suprimido por la crisis económica. y en 2017 los convenios se amplían a otras instituciones, municipios y obispados.

En la actualidad los convenios suscritos con ayuntamientos y obispados totalizan una inversión de la Junta en una legislatura superior a 11 millones de euros para la recuperación de 246 viviendas en el medio rural (225 de ayuntamientos y 21 de obispados).

Desde el inicio de la pasada legislatura el parque público de viviendas de alquiler social se ha incrementado en un 85,54%, pasando de 1.162 a 2.156 viviendas en la actualidad, de las cuales 1.623 son propiedad de la Junta de Castilla y León.