En la Delegación Territorial han entregado un escrito al secretario territorial, José Luis Valverde,  de forma paralela a lo que han hecho en todas las provincias, para criticar que las ayudas aprobadas la semana pasada sólo incluyen a trabajadores en casos de fuerza mayor.

Las ayudas aprobadas “suponen un incumplimiento de los acuerdos alcanzados desde el Diálogo Social autonómico el 25 de marzo” e implican “cambiar las reglas del juego”, y “una vulneración de los acuerdos”. En estas ayudas quedan excluidos los expedientes que no sean de fuerza mayor, que en la provincia dejan fuera a un centenar de empresas y más de un millar de trabajadores, según el secretario provincial de UGT, Javier García.

Otro asunto pendiente es la implantación del Servicio de Relaciones Relaciones Laborales (Serla) en las provincias, que estaba previsto desde hace dos años.

“En estos momentos críticos, de gran crisis económica y social, es cuando el Diálogo Social tiene que demostrar que estamos más unidos que nunca”, ya que “es el momento de aunar fuerzas y trabajar todos en la misma línea”, ha expresado Juan Saborido, presidente de Confae.

Primer acuerdo

Tras destacar que Castilla y León fue la primera en llegar a un acuerdo “cuando estábamos cerrados en casa”, con “soluciones para los trabajadores, para los empresarios y los autónomos”, y agradecer la actuación de la Junta, ha pedido “reforzar esas cantidades económicas para poder llegar a todos”.

“No podemos -ha añadido- dejar a nadie tirado ahora, porque sería marcar a un trabajador que no reciba estos incentivos que se pactaron”. Saborido ha pedido que no sólo deben afectar a los ERTEs por fuerza mayor, sino a los derivados de la organización y producción, así como a los autónomos.

Ha demandado al Gobierno autonómico a que “tengan sensibilidad con los trabajadores y con los autónomos”, y ha asegurado que los fondos para las ayudas pueden sacarse de partidas presupuestarias que no se han ejecutado.

Mientras, el secretario provincial de CCOO, Óscar García Barroso, ha llamado la atención sobre la “especial situación laboral” de Ávila, que depende del sector servicios. “Los trabajadores se sienten especialmente vulnerables ante la realidad de los efectos de la crisis sanitaria, que se torna económica, y que de alguna manera tenían una cobertura especial por el tema de los complementos a los expedientes”.

Incertidumbre

Ante la decisión de la Junta los trabajadores afectados “se encuentran en una situación de alta incertidumbre, porque estas ayudas suponían un complemento que ahora no dispondrán, pues se han reducido de una manera muy considerable las condiciones para acceder”.

Esta provincia “tiene una particularidad que muy bien debe ser conocida por el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social”, David Martín, “que además es de Ávila y eso debe implicar una mayor sensibilidad a la hora de entender realidades económicas y laborales como la nuestra”.

García Barroso ha pedido que “se restablezca la cordura, que siempre ha habido en el marco del Diálogo Social y que sea el presidente” de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “quien tome las riendas de esta realidad y ponga pie en pared lo que puede provocar situaciones como esta”.