De esas 200, 120 eran armas largas y nueve cortas, además de 71 de otra clase, dentro de las 62.000 destruidas en toda España.

El programa internacional tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en julio de 2001, cuando estableció el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

La ONU estableció que cada 9 de julio se celebrase este día con el fin de promover acciones para la eliminación de las armas de fuego de origen ilícito.

Control del acceso legal
La competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene, se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Estas unidades controlan el acceso legal a las armas, para lo cual el reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.

Para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.

La inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.

Igualmente, la Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. Ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.