Son 398 procedimientos abreviados y 357 procedimientos en trámite de ejecución de sentencia.

Aunque el índice de entrada de asuntos de dicho órgano judicial, con 374 procedimientos abreviados, no alcanza la cifra recomendada por el CGPJ, de 400, para un juzgado penal, que además asume la ejecución de las sentencias que dicta, se ha establecido un refuerzo durante seis meses para evitar el riesgo de que, teniendo en cuenta la pendencia existente, la entrada de nuevas causas retrase notablemente la tramitación de los procedimientos.

El refuerzo, propuesto en febrero por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, recibió en junio la aprobación definitiva del Consejo General del Poder Judicial y la autorización a efectos económicos del Ministerio de Justicia.

De este modo, el Juzgado de lo Penal 1, que durante meses estuvo cubierto por un juez sustituto tras la jubilación de la anterior titular, cuenta ahora con un nuevo magistrado titular, que se incorporó en febrero, y con una magistrada de refuerzo.

Esta jueza cuenta con una comisión de servicio con relevación de funciones durante seis meses, con lo que abandona su destino habitual para dedicarse en exclusiva a este juzgado, de cara a asumir los asuntos pendientes de señalamiento, que a finales de 2019 eran 243.

Sin prolongación de jornada
Por otra parte, el plan de refuerzo incluía una petición de prolongación de jornada de toda la plantilla del juzgado, que en la actualidad está compuesta por dos gestores, cuatro tramitadores, uno de ellos de apoyo, y dos funcionarios de auxilio.

Esta solicitud fue informada positivamente por la Sala de Gobierno del TSJCyL para que los funcionarios trabajaran también por la tarde y obtener así el máximo aprovechamiento de la incorporación de un segundo juez, sin embargo ha sido rechazada por el Ministerio de Justicia por falta de disponibilidad presupuestaria.

Según las estadísticas, el Juzgado de lo Penal 1 de Ávila, ingresó el año pasado 374 procedimientos abreviados: resolvió 331 asuntos, de modo que cerró el año con 398 asuntos, de los que 29 estaban pendiente de sentencia, 129 pendientes de celebrar con fecha de juicio ya fijada y 243 pendientes de señalamiento.

Además, se incoaron 496 ejecutorias (procedimiento que se abre para que se cumpla lo establecido en las sentencias), se resolvieron 413 y quedaron pendientes 357.