Según este grupo, "siguen existiendo enormes dificultades para la conciliación", de ahí que haya propuesto la elaboración de un "reglamento específico" para el teletrabajo en la institución y en sus organismos autónomos.

Por Ávila dice no entender que el presidente de la Diputación haya podido decretar la vuelta al trabajo presencial de todo el personal, y en horario habitual, "sin establecer fórmulas de teletrabajo ni de conciliación". 

Por ello, ha reclamado a García que "rectifique" y "modifique su decisión de poner fin a las posibilidades de teletrabajo para los empleados de la Diputación".

En este contexto, ha planteado que este asunto sea debatido en el seno órgano competente, teniendo en cuenta que el lunes se celebra la Comisión de Recursos Humanos del mes de junio. Asimismo, exigirá que se convoque periódicamente el Comité de Seguridad y Salud, ya que a su juicio "nunca ha sido tan necesario como en este momento".

Esta formación cree que, aunque la pandemia "parece desarrollarse favorablemente", pese a que "aún no haya concluido", los efectos para las familias "siguen vigentes", de ahí que el portavoz del grupo, Alberto Encinar, haya recordado que "la conciliación de la vida familiar y laboral es todavía complicada, independientemente de que concluya el estado de alarma". 

Ejemplo

Según Encinar, tras la finalización del curso escolar, el problema de la conciliación "seguirá encima de la mesa" y es algo que "la Diputación debería tener en cuenta" por el presidente y ser negociadas "con trabajadores y sindicatos", para modificar el decreto correspondiente.

En esta línea, ha recordado que muchas guarderías y escuelas infantiles están cerradas, mientras la mayoría de los campamentos de verano se han suspendido y una gran parte de las actividades infantiles siguen siendo "complicadas", a lo que se suma el hecho de que hay familias "que se resisten a llevar allí a sus hijos por miedo al contagio".

Esta formación pone como ejemplo las consideraciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en materia de prevención de riesgos laborales frente a la Covid-19, que para el personal de la Administración General del Estado establece el derecho a acogerse a un mínimo de un día a la semana de teletrabajo.