“En todos los pueblos y en muchas familias el dolor se ha hecho presente, y a veces de modo cruel, sin la oportunidad de la última caricia y de la última palabra”, señala la plataforma, que asegura que va a “seguir luchando con ahínco por la mejora del sistema sanitario  para que, ojalá que nunca, en la próxima emergencia sanitaria esté mucho mejor preparado y para no volver a sufrir las políticas de recortes y privatizaciones de la sanidad de la última década”. 

Tras constatar cómo en estos tres últimos meses los hospitales y centros de salud “se han dedicado casi en exclusiva a luchar de forma ejemplar contra la epidemia sin disponer, en un principio, de los más elementales medios de protección personal, y pagando hasta con su vida por estas carencias”, este colectivo asegura haber asistido “con terror” a lo ocurrido en muchas residencias para mayores “mal dotadas, con plantillas precarizadas y raquíticas, sin la posibilidad de una mínima atención sanitaria, sin  zonas de aislamiento ni oxigenoterapia”.

A su juicio, esto se ha producido porque el modelo residencial en Castilla y León, “como en el resto del Estado, prima el lucro, es un gran negocio en el que, en demasiados casos, compañías internacionales o amistades de amistades han hecho y deshecho a su antojo”.

Al respecto, la plataforma considera “evidente” que el modelo residencial de la Junta “ha fracasado de forma rotunda, a la vez que ha propiciado una terrible mortandad”.

Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Valle del Tiétar “espera que tanto dolor y muerte hagan recapacitar a toda la sociedad y en concreto a la Junta e interrumpa de forma definitiva los recortes y privatizaciones de servicios públicos como la sanidad y los servicios sociales que se vienen sufriendo desde hace más de una década”.

Por todo ello, la Plataforma propone los siguientes siete puntos de manera prioritaria y urgente:

1.Trasladar el control sanitario de todas las residencias de mayores a los equipos de Atención Primaria, redimensionando sus plantillas, equipando sanitariamente sus instalaciones y modificando los requisitos arquitectónicos de las residencias. Por otra parte, hay que aumentar muy por encima de lo que hoy se exige el personal de atención directa en las residencias, que además debe estar debidamente titulado.

2.Potenciar la participación ciudadana a través de los Consejos de Salud, lo que mejoraría las relaciones de todo el personal sanitario con las instituciones locales y con la población, y dar mayor contenido competencial a dichos consejos.

3.Hoy día, debido al desarrollo tecnológico y la mayor movilidad, se puede avanzar un largo trecho en la descentralización de la atención sanitaria. No todo debe depender del hospital de referencia; cantidad de actuaciones que hoy son hospitalarias pueden llevarse a cabo en Atención Primaria. La España vaciada vería con muy buenos ojos un verdadero plan descentralizador manteniendo la calidad de la atención sanitaria.

4.Dentro de esa descentralización, que debe ser una línea estratégica, se podrían contemplar las residencias hospitalarias para personas con enfermedades crónicas, sobre todo en aquellas comarcas donde el hospital está a una hora o más de distancia. Estas residencias de larga y media estancia, orientadas para enfermos/as crónicos/as, solo  precisan dotarse de medicina interna, geriatría, fisioterapia, enfermería, auxiliares y trabajadores sociales, más un  equipamiento que casi se reduce a oxigenoterapia, radiología, ecografía, ECG y un laboratorio básico. Esta solución contribuiría a fijar población, al desarrollo comarcal y a reservar las camas del hospital de referencia para casos verdaderamente agudos. Además, el/la paciente crónico/a descompensado/a o en recuperación y su familia permanecerían en su medio mientras reciben esa atención. Es ridículo y caro tener camas de agudo ocupadas por enfermos/as crónicos/as.

5.Mejorar sensiblemente las condiciones laborales y salariales del personal sanitario. Nuestra sanidad no puede estar basada en la precarización de sus trabajadores y trabajadoras, con una inestabilidad laboral del  50% de su plantilla.

6.Aumentar de forma sensible la financiación de la Sanidad por parte de la Junta de Castilla y León, que ha de ser estable y suficiente para proporcionar una atención sanitaria integral y de calidad a toda la ciudadanía, independientemente de donde viva, lo que significa que tiene que superar anualmente  el 7% de su PIB. Es necesario además defender que  la financiación debe estar ligada a criterios de dispersión poblacional y su envejecimiento, tanto por el aumento de coste en Atención Sanitaria como por el aumento de las enfermedades crónicas que lleva aparejado el envejecimiento demográfico.

7.Abrir con urgencia todos los centros de salud con las medidas de protección adecuadas. Es absurdo poder reunirse en los bares en grupos pequeños y no poder ver a nuestro médico/a o enfermero/a de cabecera. Hasta ahora habrá sido necesario dedicar todos los recursos a la Covid19 pero ya hay condiciones para normalizar la atención sanitaria tanto en centros de salud como en hospitales. Por desgracia, tenemos el convencimiento de que esa necesaria parálisis o semiparálisis del sistema habrá añadido una no desdeñable morbimortalidad.