El fallo considera que los acusados "no son criminalmente responsables (...) de los delitos por los que se les acusa, al no haber llevado a cabo ni personal, ni directa, ni material, ni voluntaria e involuntariamente los hechos y conductas objeto de acusación".

El juez cree que las "autorías y responsabilidades inherentes en el acto, ofrecen muchas dudas o reservas", antes de añadir que la prueba testifical, pericial y documental practicadas "deben de ser valoradas como pruebas para salvaguardar el principio constitucional de presunción de inocencia (...), teniendo en cuenta que en el supuesto de autos no ha quedado enervada dicha presunción".

A su juicio, en el presente procedimiento y "después del extenso acervo probatorio practicado en el plenario, los hechos y conductas objeto de acusación no quedan acreditados".

"Como consecuencia de todo ello, -aplicando las reglas de la lógica humana y de la sana crítica, moderadas con el principio de equidad- no ha quedado al descubierto la enervación del principio de presunción de inocencia, partiendo de la premisa de que no concurren los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales por los que se acusa", señala el fallo.

No hay delitos penales

Por ello, cree que "no es procedente imponer pena alguna a las personas acusadas" y dicta "la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables", al "no concurrir los elementos de los tipos penales por los que se acusa a cada una de las personas acusadas".

Sobre la responsabilidad civil, el titular del Juzgado de lo Penal de Ávila cree que "si no existe autoría, tampoco puede haber un pronunciamiento de condena en concepto de responsabilidad civil".

Este fallo se produce trece años después de la paralización de este proyecto que incluía la construcción de 7.500 viviendas y tres campos de golf en este municipio morañego.

Historia

El juicio se celebró hace poco más de un año y se prolongó durante cuatro días, cuando las partes mantuvieron sus argumentos y sus peticiones de pena.

Tras la controversia a raíz de las denuncias de los ecologistas, en 2009 fueron paralizadas las obras y posteriormente anuladas en los tribunales, tanto la autorización para seguir adelante con unos trabajos que talaron 10.000 pinos para construir 25 kilómetros de viales, como las concesiones de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

La última sentencia en contra de esta urbanización se produjo a mediados de 2013, cuando el Tribunal Supremo ratificó el fallo emitido un año y medio antes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Ese fallo daba la razón a la CHD, al haber negado en 2008 la concesión de agua del Adaja para esta macrourbanización que, además del auto de suspensión cautelar, suma otras seis sentencias contrarias por la vía administrativa.