Tras ser acusados de “incoherencia” por parte del secretario provincial del PSOE, Jesús Caro, los populares han recordado que “la Ley 20/2011, del Registro Civil, aprobada bajo el Gobierno Socialista de Zapatero, plantea importantes problemas para el medio rural y para provincias como Ávila, puesto que abocaba a la desaparición de los Juzgados de Paz y de los Registros Civiles en los pueblos de nuestra provincia".

“Por su complejidad, la entrada en vigor de algunos aspectos de aquella ley se fue retrasando en el tiempo, pero aun así quedó fijada para el 30 de junio de 2020 la desaparición de los registros y juzgados en los pueblos”, argumenta el PP. 

En este contexto, el PP asegura haberse manifestado “reiteradamente en contra de esta modificación” y por ello ha presentado “en tres ocasiones” Proposiciones de Ley en el Congreso para modificar ciertos aspectos de esta Ley del Registro Civil, antes de su entrada en vigor.

De esa manera, pretendían “garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima”, de manera que las oficinas del Registro Civil mantengan su ubicación “en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales registros civiles municipales y de paz”.

Tres ocasiones

Igualmente, quería “mantener que los jueces de paz, por delegación del encargado del registro civil, continúen desarrollando funciones en materia de registro civil” y “establecer que deben seguir siendo atendidas por personal de la administración de justicia”.

El PP abulense continúa su relato señalando que en la primera ocasión, el pleno del Congreso “rechazó su toma en consideración el 13 de febrero de 2018, con el voto en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos”, mientras que en la segunda, durante la XIII Legislatura, “la iniciativa decayó por desidia política con la disolución de las Cortes y la convocatoria de las Elecciones Generales de noviembre de 2019”. 

“En esta tercera ocasión el texto se presentó el 13 de diciembre de 2019, estando pendiente su toma en consideración por el pleno”, recuerda el PP, que también señala que se han llevado a cabo iniciativas en el Senado en el mismo sentido. 

Según los populares, “lo que se votó el miércoles en el Congreso de los Diputados no era esta proposición de lLey del PP, sino que el Gobierno ha utilizado el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para introducir una nueva prórroga de diez meses, hasta el 30 de abril de 2021".

Igualmente, señalan que "esta no es la solución al problema, ni mucho menos la forma en que esta cuestión debe ser abordada legislativamente, introduciendo una prórroga de tan sólo diez meses”. Al respecto, el PP lo considera “un parche que en nada atiende las necesidades del mundo rural y que no hace otra cosa que prolongar una amenaza que el Gobierno socialista no quiere realmente afrontar".

Tras esta argumentación, el PP asegura “mantener intacta” su postura en defensa de la modificación de la Ley del Registro Civil para que “se mantenga su estructura territorial, el papel de los jueces de paz y la adscripción a la Administración de Justicia y que todo ello se tramite como proyecto de ley, no de esta forma torticera". 

El PP asegura haberse pronunciado “de forma reiterada a favor de la reforma de la Ley del Registro Civil para adaptarlo a las particularidades del medio rural, con independencia de que gobernara el PP o el PSOE”.  "Nada ha cambiado en nuestro posicionamiento y dejamos claro que el Gobierno de Pedro Sánchez no ofrece ninguna garantía de querer acabar con la amenaza contra los registros y juzgados del medio rural", concluyen los populares.