Aprobado por la Junta de Gobierno Local el 7 de marzo, aseguran que el contrato debería haberse  firmado en el plazo de 15 días, recordando que la primera intención del Gobierno municipal era que la gestión privada hubiera empezado con el comienzo del año.

Por otra parte, la plataforma ha criticado que el Consistorio vaya a pagar, según acuerdo del último pleno, los servicios de un abogado para el concejal que tiene que afrontar una imputación de un supuesto delito de revelación de secretos.

Se trata de la defensa de Rodrigo Muñoz Pulido, acusado de un supuesto delito de revelación de secretos por divulgar entre los medios de comunicación un informe policial con datos personales de algunos participantes en una manifestación contra la privatización del agua.

La plataforma critica que los vecinos de la localidad sean quienes sufraguen los costes para una persona que “supuestamente abusó de su posición para obtener réditos políticos basados en el miedo y el señalamiento público de sus adversarios”.