Tras salir adelante esta iniciativa, el portavoz socialista, Pedro Muñoz, ha agradecido el apoyo que su iniciativa ha recibido de los partidos políticos de la institución provincial.

La Junta de Gobierno ha aprobado por unanimidad la moción de urgencia presentada por el PSOE, cuyo objetivo es instar a las formaciones políticas con representación en la Cámara Baja a que voten a favor de la convalidación del Real Decreto que mantiene la actual planta y demarcación de los registros civiles, y las funciones en esta materia de los juzgados de paz y de las agrupaciones de secretarías de Juzgados de Paz.

Para Muñoz, el hecho de que esta iniciativa haya salido adelante, "contribuye a defender el derecho al acceso a la Justicia de los habitantes del medio rural, al tiempo que se da respuesta a las demandas planteadas en este sentido por numerosos ayuntamientos de la provincia, sin olvidar su aportación al mantenimiento del empleo".

"La urgencia de la moción registrada por el Grupo PSOE viene motivada por el hecho de que en el Pleno del Congreso de los Diputados del próximo 13 de mayo se debatirá, en el punto 20 del Orden del Día de la sesión, la convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia", argumenta Muñoz.

Prórroga

Dicho Real Decreto-ley contiene, en su Disposición Final Segunda, una prórroga a la entrada en vigor de la de Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de tal modo que continuaría la actual planta y demarcación de los registros civiles, y las funciones en esta materia de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz existentes en la provincia, permitiendo una reforma legislativa que "asegure el definitivo mantenimiento del actual sistema asentado en la cercanía a los ciudadanos, especialmente del mundo rural".

"En caso de no salir adelante la convalidación del citado Real Decreto-ley se produciría la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de 2011, que significará el cierre masivo de las actuales Oficinas de Registro Civil de toda la provincia de Ávila", ha sostenido Muñoz.

Al respecto, la supresión de la demarcación y planta de la actual estructura del Registro Civil dejaría sin carga de trabajo a los Juzgados de Paz y las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz de la provincia de Ávila, que resolvieron en el año 2018 un total de 4.156 asuntos (1.657 penales y 2.499 civiles). En cada uno de los 193 juzgados de paz repartidos por los municipios abulenses se arbitró una media de 11 casos diarios. 

Desde su punto de vista, "ello conduciría inexorablemente al cierre de las instalaciones, especialmente de la agrupaciones de secretaría de Juzgado de Paz, servidas por funcionarios de la Administración de Justicia, con la consiguiente pérdida de servicios y de empleo en el medio rural". 

Las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, previstas en el artículo 50 de la Ley 38/1998 de Demarcación y de Planta Judicial, están reguladas en el Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero. 

En la provincia de Ávila son las siguientes: Cebreros, con 13 municipios y 21.043 habitantes; Madrigal de las Altas Torres, con 16 municipios y 4.398 habitantes; Candeleda, con 4 municipios y 6.286 habitantes; Pedro Bernardo, con 5 municipios y 4.408 habitantes; Mombeltrán, con 6 y 3.944 habitantes; El Barco de Ávila, con 12 y 3.787 habitantes; Fontiveros, con 14 municipios y 2.813 habitantes; Sotillo de la Adrada, con 6 y 10.129 habitantes; La Horcajada, con 27 y 3.238; Muñana, con 30 municipios y 4.190 habitantes; Mingorría con 25 municipios y 3.992; Navarredonda de Gredos, con 23 municipios y 2.787 habitantes; y Solosancho, con 11 municipios y 2.627 habitantes.