El sindicato advierte que estos centros acogen a uno de los colectivos más débiles de la población, en el que se acumulan patologías previas, y donde la mayoría sufre algún grado de dependencia, ante lo que existen “unas plantillas escasas que están totalmente desbordadas en la mayoría de los casos”.

El sindicato llama la atención en que es un sector “dominado principalmente por la empresa privada, con trabajadores de sueldos bajos, que realizan multitareas distintas a la propia atención del usuario, y donde hay falta de medios”.

Recuerdan que la entrada en vigor de la Ley de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia supuso una transformación en los perfiles de los residentes, dando entrada a personas con más necesidades, y la exigencia de cuidados más complejos. “Sin embargo, la mayoría de las residencias no se han adaptado al contexto, ni en el modelo ni en la necesidad de las plantillas de personal”, según advierten.

Inspecciones

CSIF cree que los servicios de inspección de las Administraciones deberían unificar los criterios, “partiendo de la exigencia del cumplimiento de la ratio del número de trabajadores por personas dependientes, lamentando que los trabajadores de las residencias privadas sean el último eslabón de la cadena”.

"La puesta en marcha del nuevo modelo de atención centrada en la persona prioriza la promoción de la autonomía, lo cual puede traducirse en una mayor vulnerabilidad frente a situaciones de fragilidad y necesidad de ayuda", según el sindicato.

Según el Decreto 2/2016, de 4 de febrero, sobre autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores de Castilla y León, se aglutinan en una única categoría todos los tipos de plazas residenciales, la de aptas para atender a personas en situación de dependencia, que responde a la mayoría de los usuarios de los centros residenciales.

Para ello, insisten en “la importancia de contar con una atención profesional de calidad, que apoye y ayude a que las personas con deterioro cognitivo avanzado puedan seguir teniendo control de su vida cotidiana que se base en un número de efectivos acorde con la situación de dependencia del usuario”, por lo que consideran “fundamental poner en valor los equipos de profesionales realmente comprometidos, y precisar el coste real del cuidado de una persona dependiente”.