El impulsor de la iniciativa ha sido el senador Juan Pablo Martín, que plantea igualmente la modificación de la Ley General de Salud Pública.

Con esta iniciativa parlamentaria, se propone crear "una reserva estratégica de EPI contra episodios químicos, bacteriológicos y víricos que obligue a todas las administraciones públicas a mantener una dotación constante en el tiempo y adecuada a su ámbito competencial, edificios públicos abiertos y volumen de población", así como a "todas las empresas, instituciones y establecimientos abiertos al público, que deberán contar de manera actualizada en el tiempo con este tipo de equipos para sus propios trabajadores".

Desde su punto de vista, esta circunstancia se debe tener en cuenta, "con independencia de que se deban asumir con carácter obligatorio las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, respecto a stocks de material en las distintas fases de la declaración de una pandemia".

La moción plantea, asimismo, cambiar la Ley General de Sanidad para "articular la presencia de las entidades locales en los órganos decisorios de las estrategias nacionales en situaciones de epidemia o similares".

Martín llama la atención sobre el hecho de que las entidades locales son los gobiernos "más próximos a la ciudadanía" y, por ello, "juegan un papel clave a la hora de coordinar actuaciones e implementar las medidas que se adopten en cada momento".

Pasar a los hechos

"Aceptar esta moción, por parte del Gobierno, sería salir del eslogan y pasar a los hechos cuando el presidente habla de 'cogobernanza'", ha afirmado el senador abulense del PP, quien afirma que "nadie puede negar el papel protagonista de ayuntamientos y diputaciones en la lucha contra la epidemia de coronavirus".

A su juicio, ese papel, en ocasiones, está "muy por encima de sus competencias legalmente reconocidas", así como de "sus capacidades financieras".  

En la exposición de motivos de la moción, subraya la importancia de que, tras esta experiencia, se solventen "las carencias cuantitativas de productos de escaso valor económico o complejidad técnica" con que se ha encontrado el Sistema Nacional de Salud.

Igualmente, llama a solventar "la ausencia de un protocolo de actuación y de canales abiertos y preestablecidos de suministro que hubiera permitido agilizar y sistematizar la toma de decisiones sin tener que improvisarlas". 

Desde su punto de vista, el Sistema Nacional de Salud "debe, por ley, estar preparado y protegido frente a eventualidades" como la actual.