En un comunicado, el presidente provincial del PP, Antolín Sanz, ha mostrado “todo el respaldo y cariño” de su partido hacia Ortega, al tiempo que ha recordado que los desahucios se iniciaron en 2008 “y sólo el Gobierno del PP ha tomado medidas”.

“El anterior Gobierno socialista agilizó los desahucios por decreto y nadie se manifestó ni dijo nada, más bien al contrario”, ha dicho Sanz antes de recordar que “el PSOE votó en contra en el Senado ante una iniciativa del PP donde se denunciaba el abuso en la contratación de determinados productos bancarios”.

También ha lamentado que haya responsables políticos “que se pongan al frente y frente los domicilios de responsables políticos del PP”, lo que ha definido como “insólito”. Sin embargo, entre quienes participaron no había ningún representante conocido de ningún partido, aunque en otras protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sí que ha participado la concejala de IU Sara Doval.

Delegado del Gobierno
Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, ha defendido la libertad para manifestarse dentro de la legalidad pero sin coaccionar a nadie en su vida privada.
Desde su punto de vista, lo ocurrido con la senadora abulense “no corresponde a lo que está viviendo el país” porque “las medidas acosadoras no se puede corresponder con las normas que todos los españoles nos hemos dado”.

“Hay que respetar el derecho que tienen el resto de las personas a poder moverse y tener una vida familiar”, ha subrayado, a la vez que entiende que “nadie puede estar coaccionado por ningún tipo de actuación”.

“La actitud de una minoría de personas no conduce a solucionar un problema que es, para muchas familias, un drama, y que el Gobierno de España está afrontando con la sensatez y la responsabilidad que le corresponde a un país serio como es España”, ha apuntado.

Repetir
Mientras, los promotores del escrache han advertido que repetirán esta acción “cuantas veces sea necesario” y que llegarán “a todos los barrios donde los políticos, elegidos en las urnas por la ciudadanía de Ávila, prefieren hacer caso omiso de las necesidades y soluciones de la gente y votar lo que su partido les ordena”.

Junto a ello, han señalado que interpondrán una “queja formal” ante la Subdelegación del Gobierno por la “actuación ilegítima” de la Policía Nacional, “sin menoscabo de las acciones legales  que pudieran corresponder, en caso de que volviera a repetirse la misma  situación”.

Desde su punto de vista, “las instrucciones políticas ilegales deben incumplirse, no sólo en atención al Código Deontológico de la Policía, sino porque lo dice la Ley, la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional".