Según ambas organizaciones sindicales, se trata de un "gran pacto" en el que, además, participen la Junta y los agentes sociales y económicos para "un nuevo modelo de atención a la dependencia".

Diferentes diferentes sectores, entre ellos la Inspección de Trabajo, el Procurador del Común y la investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), ponen de relieve "la necesidad de actuar ya" y "analizar las deficiencias para una actuación futura en los dos campos prioritarios de atención a la dependencia: la atención en los domicilios y la residencial".

Los sindicatos hablan de adaptar los servicios domiciliarios a "una nueva realidad", ya que "la permanencia en los domicilios está demostrando que salva vidas, proporcionando medios que aporten seguridad a las personas usuarias y se garantice el derecho en la seguridad para las personas trabajadoras".

Igualmente, proponen incorporar acciones que "sean útiles para el mantenimiento y sostenibilidad de los contratos en vigor y reincorporando las cancelaciones temporales de servicios que se han producido en las últimas semanas".

Incidencia dispar

Además, UGT y CCOO han dicho que los centros residenciales han tenido una afectación "muy desigual", tanto en los públicos, como en los privados, con una incidencia "muy dispar" de centros en cuanto a residentes y personal afectados.

Desde su punto de vista, estos centros tenían diseñados sus espacios comunes "como si de su domicilio se tratara", pero a su juicio "no lo estaban, en modo alguno, para responder a una pandemia de este calado". Además, ven "necesario conocer la realidad de contagio por la Covid-19 en todas las residencias, tanto en usuarios como en personal".

Por otra parte, consideran que es "imprescindible actuar en aquellos centros, especialmente y con urgencia, en los que los datos son negativos, ofreciendo diferentes alternativas en función de las carencias detectadas, debiendo estar todas las medidas enmarcadas en un Plan de Actuación en Residencias".

En dicho plan, UGT y CCOO estiman que deben "primar de forma inmediata los mecanismos necesarios para frenar contagios y fallecimientos".