Ambas organizaciones, que ven "decepcionante" el acuerdo del Gobierno, recuerdan que esta concesión fue adjudicada mediante Real Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre, iniciando su actividad el día 19 de noviembre de 1999, siendo presidente del Gobierno, José María Aznar, con el abulense Ángel Acebes entre sus ministros.

De la misma forma, advierten de que "no hay que olvidar el papel cómplice de aquellas organizaciones e instituciones que con su aprobación o silencio lo hicieron posible".

Tras recordar cómo "se opusieron desde el principio", CCOO y Centaurea han subrayado que consiguieron con su denuncia ante la Comisión Europea "la histórica sentencia" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2010, declarando "ilegal" la adjudicación de 1999 por "vulnerar diferentes directivas europeas".

En este contexto, han sostenido que "siempre" consideraron que el 29 de enero de 2018 la AP-6 "debería haber pasado a manos del Estado para su gestión pública, manteniendo el conjunto de sus trabajadores y sus condiciones".

A su juicio, tras la sentencia del TJUE "la única concesión legalmente vigente que quedaba era la que se otorgó en 1968 a Iberpistas por 50 años".

Para CCOO y Centaurea, resulta "lamentable" que, con el fallo del alto tribunal europeo, "los gobiernos sucesivos no hicieran nada para cumplir dicha sentencia" y que "solo la perseverancia de Comisiones Obreras de Ávila y de la Asociación Ecologista Centaurea" haya conseguido "recortar los años de concesión".

"Es una absoluta ignominia, que la ciudadanía tenga que sufrir hasta 2029 la concesión que se adjudicó ilegalmente en 1999. Una ignominia que retrata a sucesivos y alternantes gobiernos de PP y PSOE, abocados al servicio del lucro especulativo de las concesionarias de autopistas", señala Carlos Bravo, de Centaurea, que ha criticado igualmente al Tribunal Supremo.

Deserción de los poderes públicos

Desde su punto de vista, "todos los poderes públicos desertaron al servicio de un sistema que alteró todas las normas de planificación y adjudicación de infraestructuras viarias, mediante una excepcional Orden Ministerial".

Una orden que "incluía el paquete de autopistas luego quebradas y rescatadas con una ingente inversión, con el dinero de los contribuyentes, los mismos que pagaban las explotaciones desorbitadamente rentables".

Por su parte, el secretario de la Unión Provincial de CCOO en Ávila, Óscar García Barroso, ha indicado que la decisión del actual Ministerio de Transportes "viene condicionada, indudablemente, por la sentencia en el tribunal europeo".

García Barroso sostiene que el fallo "demuestra que, pese a que este fin de la concesión no responde" a la "histórica reivindicación" de ambos colectivos, "el compromiso y la perseverancia de quienes lucharon y seguirán haciéndolo ante un conjunto de poderes tan potente, no fue en vano".

CCOO y Centaurea anuncian que van a seguir reivindicando "la gestión pública de estas infraestructuras", al entender que este acuerdo "sigue instalado en la falta de respeto a la ciudadanía, procurando únicamente el lucro y beneficio de una empresa privada a costa del interés común".