Así interpreta esta organización, formada por los sindicatos UPA y COAG, la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente el Plan de gestión y conservación del lobo.

Además, entienden que dicho fallo responde de manera favorable a parte de las reivindicaciones de dos mil ganaderos de la Comunidad autónoma, toda vez que el fallo confirma la “obligatoriedad” de “indemnizar” los ataques al sur del Duero, sin descartar la posibilidad de hacer lo mismo al norte.

De este modo, a juicio de la Alianza por el Campo, será complicado que el Consejo Consultivo rechace ahora los procesos abiertos por los ganaderos afectados, de ahí que la organización agraria se esté planteando recurrir a “procedimientos abreviados” para “agilizar los expedientes” y “reclamar los daños por la vía patrimonial”.

La Alianza por el Campo ha pedido además a la Junta de Castilla y León que no utilice “argucias” para dilatar los procesos por la vía judicial, puesto que, desde su punto de vista, sería reprobable desde el punto de vista ético y político.

La organización que agrupa a UPA y COAG ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, para demandarle que cumpla con el contenido de una sentencia “ganada y merecida por la lucha de tantos ganaderos”, para los que el lobo es un animal “incompatible con la ganadería extensiva”.