Así lo dicta en una resolución que es respuesta al recurso de reposición presentado por la Junta ante la decisión judicial ante una denuncia presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla y León.

Fue el 26 de marzo cuando el Juzgado de lo Social instó a la Junta a que “en el término de 24 horas” debía facilitar al personal sanitario de “batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, kits PCR de diagnóstico de Covid-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos”, y que esto debía afectar a “todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de atención primaria, servicios de emergencias, centros con pacientes institucionalizados así como todos los demás centros asistenciales de Ávila ya sean públicos o privados y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario”.

La Junta había alegado que el Juzgado de lo Social no tenía competencia par adoptar, sin embargo la respuesta al recurso dice que a pesar de la declaración del estado de alarma, Castilla y León no está eximida de “las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de prevención de riesgos laborales y la protección de su salud”, y destaca que la pandemia de la Covid-19 afecta de manera elevada al personal sanitario.

Tras señalar “la obligación del empresario y administración empleadora de adoptar las medidas que sean necesarias para la protección de los trabajadores”, apunta a los datos de los sanitarios contagiados, que en la provincia de Ávila suponen el 28% de todos los contagiados. 

El Juzgado de lo Social de Soria ha adoptado una decisión similar.