En este sentido, los responsables de las corporaciones locales del PP han reclamado al Ejecutivo central que adopte "medidas urgentes" dirigidas a luchar con eficacia contra el coronavirus en toda la Comunidad.

Ssgún ha señalado el vicesecretario de Política Municipal del PP de Castilla y León, Héctor Palencia, resulta "innegociable la autonomía financiera de las entidades locales", de ahí que antes la excepcionalidad de la pandemia considera "primordial" la eliminación del límite del 20% permitido de inversión del superávit y la liberación del destino del mismo para ""atender los gastos extraordinarios que las entidades locales consideran más urgentes en este momento".

Los populares piden que se flexibilice la regla de gasto, que se liberalice el destino del superávit y que se permita el uso de remanentes de tesorería para todas las entidades locales.

De esta manera, el PP pretende que las entidades locales puedan ser más eficientes y destinar este dinero a las demandas más urgentes de sus municipios, ya que son las que mejor conocen las necesidades que tienen las familias, los autónomos y las pymes de sus municipios.

Gastos extraordinarios

Así, los alcaldes y presidentes de diputaciones podrían destinar el superávit a cualquier tipo de actuación, gasto corriente o inversión, desde la autonomía municipal, y atender de forma prioritaria los gastos extraordinarios generados por la crisis sanitaria actual.

De esta forma se han referido a los gastos sociales destinados a colectivos vulnerables, gastos de limpieza y desinfección de espacios públicos, gastos relacionados con la concesión de ayudas para garantizar el acceso a todos los suministros de primera necesidad, gastos para la implantación o desarrollo del teletrabajo de los empleados del sector público local, entre otros.

Además los alcaldes del Partido Popular solicitan al Gobierno central que ponga en marcha de otras medidas para la lucha contra la Covid-19 en relación con el empleo en el sector público, como la eliminación de la tasa de reposición para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes. De esta forma se permitiría cubrir las vacantes y prestar los servicios públicos de una forma más eficaz,